El PP cifra en más de 100 millones el latrocinio de UGT con los cursos de formación en Extremadura

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 20/03/2019 06:48
  • Actualizado: 20/03/2019 11:43

La dimensión del latrocinio llevado a cabo por la UGT con los fondos de formación en Extremadura ha obligado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a solicitar una investigación mucho más profunda del caso. Según fuentes del Partido Popular, que ejerce la acusación popular, y en base a los avances de la UCO y los testimonios recabados por la Fiscalía,  el fraude podría alcanzar los 100 millones de euros, con un modus operandi similar al que se llevó a cabo en Andalucía también con los cursos de formación.

La UCO necesita “profundizar en las diferentes irregularidades detectadas” en el tratamiento de los fondos de formación asignados bajo mandato del socialista Guillermo Fernández Vara porque, en caso contrario, la magnitud del caso y la complejidad del entramado societario diseñado por UGT –el sindicato hermano del PSOE– hará difícil “realizar una cuantificación del dinero presuntamente defraudado”.

Y es que todos los testimonios y pruebas apuntan a un esquema mantenido durante décadas y eso implica que, frente a los 30 millones de euros de fraude estimado inicialmente por fuentes judiciales, el volumen del desvío de fondos puede dispararse hasta superar claramente los 100 millones de euros citados.

La UCO alerta en su informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, de que se ha detectado personal del Instituto de Formación de UGT (IFES) camuflado como alumnos y profesores; que se han “multiplicado” las presencias de los profesores, que aparecen en distintos cursos a las mismas horas y mismos días; que se han inflado los gastos de los locales empleados multiplicando por 10 su coste real para llevarse los fondos; que se han incrementado artificialmente todos los gastos –de material didáctico, de personal, de tutorías, etc.–; y que existe una red societaria con el IFES al frente y cinco sociedades más –todas dependientes de la central nacional de UGT– creada para desviar los fondos y pagar con esas subvenciones los gastos de mantenimiento y estructura del sindicato nacional.

Todo ello está probado, pero de todo ello “es necesario recabar más información” para llegar hasta el final de la profundidad de esta trama de fraude millonario, donde “existen indicios de un supuesto delito contra la Hacienda Pública”. Traducido: que se debe investigar hasta el fondo porque todo apunta a que UGT se ha llevado el dinero, que debía ir destinado a formar a trabajadores y parados para costear sus gastos habituales.

Fraude millonario

La Guardia Civil cuenta, además, con pruebas concretas de la parte más sofisticada de la trama: la de las cinco sociedades, además del IFES,  que estaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos que recibían del Gobierno socialista de Extremadura para conectarlos con la estructura sindical nacional. Todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados (el 69,18%) y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude –30 millones de euros– empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad.

El procedimiento lo inició la Fiscalía Anticorrupción y a instancia de la denuncia interpuesta por el entonces Gobierno regional de José Antonio Monago. Los primeros pasos de la investigación dejaron claro que existía una trama de sociedades que facilitaba la financiación irregular del sindicato nacional. La entidad puente investigada era el IFES. Las primeras estimaciones de fraude apuntaban de este modo a 30 millones de euros porque el periodo analizado abarcaba desde 2008 hasta 2011. Ahora la UCO certifica que los testimonios hablan de una duración en el tiempo del fraude muy superior.

Los primeros testigos chequeados no han tardado en afirmar que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado. Algo que ha hecho que, en estos momentos, la Guardia Civil chequee un escenario mucho más amplio de años: un escenario que puede llegar a superar las dos décadas. Y esa ampliación implica que el nuevo volumen de fraude pueda superar los 100 millones de euros.