Podemos suavizó en 2018 su código ético para que los imputados como Iglesias no tuvieran que dimitir

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no tendrá que dimitir si el Tribunal Supremo decide imputarle por los tres delitos que el juez Manuel García-Castellón le ha atribuido en el caso Dina. Si Iglesias dimitiera, no sería por obligación del Código Ético de Podemos, ya que Pablo Echenique se encargó de modificarlo en 2018 para evitar que los miembros del partido tuviesen que dejar su cargo en caso de imputación judicial.

El juez de la Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Supremo su razonamiento para una posible imputación del vicepresidente Iglesias por tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

Si la imputación se llegase a producir, Iglesias puede apoyarse en la normativa de su partido para evitar dimitir. No está obligado a hacerlo por quedar imputado. Pero no siempre fue así.

Desde el surgimiento del partido hasta el año 2018, Podemos se ciñó a un severo documento interno. El denominado Código Ético establecía las exigentes actitudes que debían mantener los miembros del partido pero, poco a poco, todas se fueron suavizando.

Así, la formación de Pablo Iglesias exigía expresamente que «el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado».

Sin embargo, una modificación del año 2018 cambió esta norma de manera significativa: eliminó la palabra imputado. Esta variación es a la que podrá acogerse ahora Iglesias para no perder su trabajo como vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos.

Este cambio fue impuesto por el que era en aquel entonces secretario de organización del partido, Pablo Echenique, que también fue beneficiado por ello al ser investigado por tener sin contrato a su asistente social.

En sus inicios, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reiteraba que los imputados tenían que dimitir, aunque admitía también que «esa solución no bastaba» porque el problema «no tiene que ver con manzanas podridas», sino con «estructuras de poder corruptas». «Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es que gobierna la mafia y los ciudadanos tienen que organizarse para barrer a la mafia», declaraba, en el inicio de la andadura de su proyecto político.

Iglesias al Supremo

En el escrito de 63 páginas, el magistrado solicita que se investigue al líder de Podemos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito.

El juez recoge en la exposición razonada el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, de 16 de septiembre, en el que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil de dina Bousselham. Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos «carecerían de conexidad» para poder investigarlos en este juzgado de la Audiencia Nacional.

Además, solicita que se investiguen a la diputada Gloria Elizo y los letrados de la formación morada Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo por acusación o denuncia falsa o simulación delito. El juez cree que Dina Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira pudieron cometer un delito de falso testimonio.

De no ser aforado por su condición de diputado del Congreso y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias habría sido hoy imputado de tres delitos por el juez que durante años ha investigado la causa.