Podemos obliga a los propietarios a renovar un contrato de alquiler si tienen más viviendas

Podemos
Pablo Iglesias llegando al hemiciclo. (Foto: Francisco Toledo)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Podemos quiere obligar a los propietarios a renovar un contrato de alquiler aunque tenga la necesidad de disponer de la vivienda, si tiene otras en propiedad.

Así consta en la iniciativa que el partido de Pablo Iglesias ha registrado recientemente en el Congreso de los Diputados-‘Proposición de Ley para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler’- y que establece algunas novedades sobre la legislación actual.

Entre las principales, está la modificación del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la duración mínima del contrato de alquiler.

Podemos establece que la prórroga obligatoria, por anualidades, no se producirá si «una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, la parte arrendadora comunica a la parte arrendataria, y así le demostrara fehacientemente, que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge, en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, cuando careciera de más inmuebles disponibles que fueran aptos para cubrir la necesidad de vivienda». 

Esta exigencia no existe en la actual redacción de la ley, como tampoco la apostilla de «demostrar fehacientemente» que necesita la vivienda alquilada.

La propuesta de Iglesias obliga además a los propietarios a informar de la finalización del contrato con tres meses de antelación, en lugar de los dos actuales.

En el caso de los inquilinos, éstos podrán desistir el contrato en cualquier momento, y no, como en la actual ley, cuando hayan transcurrido seis meses. En ese caso, se deberá indemnizar al arrendador «con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor proporcional al año del contrato que le reste por cumplir».

En la ley vigente, «el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses» y deberá indemnizar «con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir».

Zonas ‘tensionadas’

En vistas a aumentar las garantías para el inquilino, en detrimento del propietario, Podemos establece por ley que la duración mínima del contrato sea de cinco años, frente a los tres actuales. Las limitaciones aumentan en el caso de que el propietario sea una persona jurídica. En ese caso, la proposición obliga a renovar el contrato de forma obligatoria, cumplido ese tiempo, salvo que el inquilino no haya cumplido con sus obligaciones.

«El contrato se prorrogará necesariamente transcurridos los cinco años de duración, salvo si la parte arrendadora manifiesta a la parte arrendataria, con tres meses de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato por una razón legítima y proporcionada, relacionada con el incumplimiento por la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales, que deberá acreditar fehacientemente», se lee en el texto de la proposición. 

Además, según la propuesta de ley, el propietario deberá avisar de su voluntad de terminar el contrato con un mínimo de tres meses antes de la fecha de terminación del mismo o de las prórrogas, y no con treinta días como está contemplado actualmente.

Otra de las propuestas del partido contempla la posibilidad de que los municipios, en coordinación con sus comunidades autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda «tensionado» para poder implementar en ellas una regulación de precios que contenga las subidas «abusivas» de los alquileres. En el caso de Madrid y Barcelona-ambos gobernados por candidaturas de Podemos- los ayuntamientos tendrán la competencia para regular esos precios.

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