Podemos niega al juez el nombre de las personas encargadas de realizar las transferencias a Neurona

Podemos no quiere comunicar al juez quiénes fueron las personas encargadas de realizar las transferencias del partido a la investigada consultora Neurona Comunidad S.L, la filial española de la chavista Neurona. La formación morada, según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, ha presentado un recurso de reforma contra la providencia emitida por el juez Juan José Escalonilla pidiendo «la identificación de las personas físicas autorizadas para disponer de los fondos de cada una de dichas cuentas -en referencia a las cuentas electorales desde las que Podemos pagó los servicios a Neurona- así como, y en concreto y de ser posible, la identidad de las personas que en las citadas cuentas realizaron personalmente dichas transferencias a la cuenta de titularidad de Neurona Comunidad S.L».

El partido de Pablo Iglesias alega que existe nulidad en el origen de la diligencia, puesto que, alega, la información principal ha sido obtenida a través del quebranto del secreto profesional del abogado purgado, José Manuel Calvente, del que emana la primera denuncia que suscitó las investigaciones.

Efectivamente, todo comenzó con la declaración en la que Calvente confesó que Juanma del Olmo –actual director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente del Gobierno– decidió contratar a la agencia Neurona Consulting para la campaña de la formación en las elecciones municipales de mayo de 2019. Tal y como demostró Calvente, con pruebas documentales aportadas al juez, Podemos concertó un contrato con esta empresa chavista por un importe de 363.000 euros el 27 de febrero de ese mismo año.

Según la investigación en España, el dinero entregado a Neurona acabó en una extraña sociedad mexicana, Creative Advice Interactive Group, creada en agosto de 2015, sin experiencia alguna en servicios electorales, sin ningún tipo de logística y ubicada en una vivienda particular de una barriada de Guadalajara, en el estado de Jalisco (México). Esta empresa está además investigada por el órgano equiparable a la UDEF española (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).

Estos presuntos delitos de blanqueo de capitales están siendo ahora investigados por el juez después de que el Tribunal de Cuentas viera indicios de delitos de falsedad en documento mercantil y electoral, ya que la contratación pudo ser ficticia. Este órgano advirtió de que el encargo se firmó antes de que Neurona existiera en el Registro Mercantil de España, que el objeto social «no coincide con las prestaciones contratadas» y que no han sido justificados los encargos por los 363.000 euros del contrato firmado entre la consultora y Podemos.

Otros documentos

La identidad de aquellos que realizaron las transferencias a Neurona no es la única información que Podemos pretende ocultar al juez. El magistrado Escalonilla también ha emitido un requerimiento de información en el que pide a Podemos que presente otros documentos que se le habían requerido previamente.

Se trata de los contratos de ejecución de obra de su recién estrenada sede y que, tal y como informó OKDIARIO en primicia, no cumplieron con el plazo de licitación que había prometido el partido.

Además, el juez requiere la normativa interna en al que se concretan las funciones de gerencia y el acuerdo de consejo de coordinación de partido en el que se aprobó la solicitud de acceso a la caja B de la formación presentada por la productora 404 Comunicación por un importe de 55.000 euros.

Ante esta petición múltiple, Podemos ha presentado un recurso de reforma para pedir al juez que anule sus peticiones.