Podemos se alía con los golpistas criminalizando a la Policía: exige listas de agentes sancionados

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 24/04/2018 14:44
  • Actualizado: 24/04/2018 16:04

Podemos quiere que el Gobierno publique un listado semestral con el número de sanciones impuestas a Policías y Guardias Civiles, agrupadas por infracciones, y especialmente en el caso de controles de identidad y en la vía pública.

Así lo recoge la formación de Pablo Iglesias entre las enmiendas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que actualmente se debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. La propuesta resulta aún más controvertida a la vista de cómo el independentismo utiliza las actuaciones de policías y guardias civiles con fines propagandísticos.

En concreto, la iniciativa de Podemos se enmarca en sus modificaciones a la propuesta de ley del PNV. El partido prevé un añadido en el artículo 44-del régimen sancionador- bajo el epígrafe ‘Transparencia’, de forma que se obligue al Gobierno a recoger y publicar semestralmente datos del número de sanciones impuestas a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado agrupadas por infracciones, «sobre controles de identidad, controles en vías públicas y registros corporales realizados, y aquellos datos que permitan una valoración de los mismos».

Podemos quiere además reforzar la tutela sobre los agentes, a través de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que se encargará de elaborar un informe anual sobre el que «se evalúen los resultados de su competencia en materia de inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de ambos Cuerpos en el cumplimiento de sus funciones y por la inspección respecto de los mismos».

Ese informe será remitido a las Cortes Generales para su evaluación. Además, el partido morado quiere obligar al ministro de Interior, por ley, a comparecer «el menos una vez al año» para informar sobre el contenido de dicho informe «y cualquier otro dato que en relación con dicha materia le sea requerido».

Podemos justifica su petición en «la transparencia en el acceso a la información» que «debe ser considerada una obligación legal».

La propuesta abunda sin embargo en la estrategia de criminalización de Podemos hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre el centenar de medidas que la formación presentó a las propuestas de PNV y PSOE figura, por ejemplo, eliminar la «presunción de veracidad» en las declaraciones de los agentes, sobre la de los afectados.

Además, Podemos plantea la prohibición del uso de pelotas de goma o que sea obligatorio para los agentes estar identificados en todo momento y mostrar su carnet cuando así se lo pida cualquier ciudadano. Los agentes, según el partido de Iglesias, deberán avisar por megagonía sobre las cargas policiales en las manifestaciones antes de que se produzcan.

Algunas medidas suponen además serias limitaciones para la lucha antiterrorista. Así, por ejemplo, la formación pretende suprimir el artículo de la Ley de Seguridad que permite que la Policía pueda llevar a cabo registros para evitar que en lugares públicos se utilicen armas o explosivos, al considerar que «facilita diversos supuestos de arbitrariedad en el desempeño de sus funciones por parte de las fuerzas de seguridad así como la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos».

En sus aportaciones a la propuesta socialista, Podemos pide también que se suprima el artículo 557 ter del Código Penal, que establece las sanciones para aquellos que «invadan u ocupen el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal».