Plus Ultra se niega a entregar a la juez el expediente que justifica el préstamo: «Ya lo tiene el Gobierno»

La aerolínea con capital venezolano Plus Ultra ha remitido un escrito a la juez que le investiga por un presunto delito de malversación para que reactive el rescate de 34 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez iba a desembolsarle. La instructora dio cinco días a la compañía para que «acreditase la necesidad de la entrega del préstamo». La aerolínea chavista insta a la juez a que desbloquee el dinero, pero se niega a entregarle el expediente clave que justifica la concesión del préstamo. Alega que ya se lo entregó al Gobierno.

En el documento judicial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la compañía se niega a entregar el documento clave por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez le concedió la ayuda. Argumenta que «ya fue en sede administrativa, en el momento de concesión del apoyo financiero solicitado, donde procedimos a justificar la necesidad de los préstamos solicitados, tanto en su cuantía como en su fundamento y destino, sin que pueda repetirse en sede judicial el expediente que ya tuvo lugar ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)».

El letrado de Plus Ultra, Javier Ibáñez de la Cruz, argumenta  en el escrito su rechazo a entregar al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid un documento clave para el procedimiento. «No se trata de una mera cuestión competencial, sino en la necesidad de evitar que el Juzgado haya de convertirse también –además de sus funciones jurisdiccionales propias– en una suerte de Comisión de Evaluación o de Seguimiento, generando la expectativa pública del cumplimiento de funciones y cometidos para los que carece de medios y desnaturalizando su función definida», subraya.

Sin embargo, el letrado ensalza el expediente que oculta a la juez y añade: «El expediente administrativo se desarrolló durante meses y tuvo la intervención de los más reputados expertos independientes a nivel internacional, para verificar la legalidad, necesidad y pertinencia de la concesión de la ayuda».

34 millones suspendidos

El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), otorgó 53 millones de euros a Plus Ultra (34 millones vía préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas el pasado 9 de marzo. El rescate fue cuestionado porque la aerolínea ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011, aunque comenzara a operar en 2016, y porque su cuota de mercado en el sector es irrelevante (menos del 0,1% lo que la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España). A ello se suma la conexión de los máximos accionistas de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La magistrada acordó el pasado jueves la suspensión del préstamo participativo y notificó dicha resolución al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) «para que se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta, apercibiéndoles que el incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares; sin perjuicio de otras responsabilidades criminales derivadas del incumplimiento de las ya adoptadas».

Plus Ultra, imputada

Hay que destacar que la compañía Plus Ultra está imputada en la causa como persona jurídica después de que Vox y el PP, personados en la causa, solicitaran por los siguientes motivos para solicitar la investigación de la compañía:

– Plus Ultra no es una empresa estratégica ya que en el año 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operaba en España el 0,03% de todos los vuelos y, en consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking de las aerolíneas que trabajan en nuestro país.

– No es solvente, puesto que siempre ha dado pérdidas desde su creación en 2011 y dicho fondo está creado para ayudar a empresas solventes que han tenido problemas durante la crisis económica creada por la pandemia por el Covid-19.

– Y, por último, la deficiente situación económica de la entidad no es una causa provocada por el coronavirus. «El fondo, como se recoge en el Real Decreto Ley, tiene como finalidad ‘compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de las empresas’, sin embargo, los problemas de Plus Ultra no están ligados al coronavirus ya que venía sosteniendo deudas y pérdidas desde antes de la entrada del virus en España», subrayó Vox en su escrito.

Contra lo medios

La chavista Plus Ultra no sólo arremete contra la juez en su escrito sino que también critica a la cobertura informativa de los medios de comunicación españoles y contra los acusaciones populares.

«Por otra último, en lo que se refiere la apariencia de buen derecho o fumus bonii iuris, (728.3 LEC), no podemos dejar de señalar que, dejando a un lado los grandilocuentes titulares de prensa de los que se nutren en buena medida las tesis acusatorias de los partidos políticos personados, no se ha practicado aún ni una sola diligencia de investigación que permita advertir ningún tipo de conducta penalmente reprochable», concluye.