El plan de Junts exige a Sánchez una «Seguridad Nacional» catalana y asumir el control de armas
Junts reclama transferencias en Seguridad Social, energía, Justicia y en otros ámbitos
La cesión de las competencias en inmigración que Junts ha arrancado a Pedro Sánchez consta desde hace tiempo en los documentos en los que el partido de Carles Puigdemont diseña su plan para construir una Cataluña independiente. La gestión de la política migratoria forma parte de las políticas «de Estado» que Junts considera imprescindibles para una hipotética nación catalana. No es la única. Este partido pone negro sobre blanco todas esas reivindicaciones en varios documentos, como son los traspasos en materia de Justicia, Seguridad Social, energía o, incluso, la construcción de una «Seguridad Nacional» propia para Cataluña.
«Es necesario que nuestro país conforme las necesarias estructuras de Estado y construya el sistema de Seguridad Nacional de Cataluña, que está compuesto por la Policía de Cataluña, la Seguridad Civil y la Defensa», apunta la formación separatista.
Añaden que «ante los retos globales y locales» se necesita «una respuesta coordinada de la Policía catalana con las demás fuerzas de seguridad del Estado e internacionales» en la gestión de «riesgos y crisis a todos los niveles» -especialmente, las «nuevas formas de criminalidad o la amenaza de carácter terrorista»- y exigen el «reconocimiento» de los Mossos, bomberos y el «impulso de cuerpos operativos».
En este sentido, el partido de Puigdemont reprocha que «la Estrategia de Seguridad Nacional española no respeta las competencias de la Generalitat de Cataluña», que «el Estado tendría que haber traspasado a la Generalitat y no lo ha hecho», como la ordenación de la «seguridad privada». Además, reclama más dinero al Estado, entre otras cosas, para disponer de más efectivos y «garantizar la seguridad de Cataluña». En diciembre, Gobierno y Generalitat acordaron financiar con 1.600 millones de euros el despliegue del cuerpo de los Mossos d’Esquadra hasta 2030.
Contra la Policía
«Es necesario trabajar para que el cuerpo de Mossos se convierta de forma efectiva en la policía integral de Cataluña», sentencian en Junts, aliados preferentes de Pedro Sánchez, sin ocultar su intención de que la Guardia Civil y la Policía «dejen de ejercer en Cataluña las competencias que ahora ejercen» y que éstas «sean asumidas por los cuerpos de seguridad catalanes». Los sindicatos policiales ya han advertido, por ejemplo, que la cesión de la competencia sobre inmigración es «un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña». «Supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra», alertan desde Jupol, sindicato mayoritario.
Control de armas y explosivos
El plan de Junts avanza en esa progresiva asunción de competencias por parte de los mossos, como en el caso del «control de armas y explosivos», un plan en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha ido dando pasos. En 2022, aprobó una ley para permitir a Mossos y Ertzaintza compartir con la Guardia Civil las competencias sobre el control de sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos. La normativa concede a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, la competencia sobre la inspección, control y vigilancia de estas sustancias químicas que se puedan utilizar para fabricar explosivos de forma casera. Sin embargo, el PSOE pactó una enmienda con ERC, PDeCAT y PNV por la cual la Secretaría de Estado de Seguridad compartirá información con «los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de seguridad pública que dispongan de Cuerpo de Policía autonómica propio».
Igualmente, Junts reclama los «acuerdos necesarios» para que los mossos puedan realizar sus competencias «en el ámbito internacional» y señalan, por ejemplo, que «pese a estar en alerta 4 sobre 5 de atentado terrorista desde el Estado se ha limitado el acceso de los Mossos a las bases de datos internacionales». Los Mossos son la «policía integral de Cataluña», advierten, y, por tanto, «deben tener pleno acceso a las bases de datos policiales internacionales», participando además «como miembros de pleno derecho en todos los organismos internacionales para poder hacer frente a todas las amenazas».
El partido de Puigdemont reclama una estrategia en «bioterrorismo», además de la creación de un Sistema de Protección Civil propio. Asimismo, proponen el impulso de un «Ejército europeo», así como asumir las competencias «en materia de protección de infraestructuras críticas» y la ciberseguridad de la administración, empresas y los ciudadanos.
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