Piden cárcel para tres de los violentos CDR imputados por intentar impedir el traslado de los presos del 1-O

El pasado 1 de febrero del pasado 2019 los autodemoninados Comités de Defensa de la República, los CDR, se orgnaizaron para intentar evitar con violencia el traslado de los presos golpistas al Supremo para ser juzgados, y ahora algunos de ellos se empiezan a enfrentar a las consecuencias legales de sus acciones.

La Generalitat ha pedido penas de prisión de 15 meses para tres de los nueve manifestantes investigados por una protesta la madrugada del 1 de febrero de 2019 por el traslado de los presos del 1-O a Madrid para el juicio, mientras que la Fiscalía ha solicitado penas de entre seis y siete años para los nueve.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que los abogados de la Generalitat han pedido en las conclusiones provisionales 15 meses de prisión para tres de los manifestantes, puesto que tres agentes de Mossos d’Esquadra sufrieron lesiones durante la protesta que requirieron de asistencia médica, antes del traslado desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) hasta la de Brians (Barcelona).

Para los otros seis, los abogados que representan a los agentes de Mossos no pedirán ninguna condena, y para estos tres la solicitud de pena se puede modular en función de como avance el procedimiento antes de elevarlas a conclusiones definitivas, han precisado las citadas fuentes.

Resaltan que los abogados de la Conselleria de Interior que representan a los agentes lesionados tienen «la obligación ineludible de garantizarles la asistencia jurídica y ejercer su defensa», puesto que todo servidor público que sea agredido en el ejercicio de sus funciones tiene esta garantía.

Aseguran que hasta este lunes se ha intentado negociar con los abogados de los acusados para alcanzar una conformidad, para que asuman una responsabilidad civil derivada de las lesiones (de entre 263 y 456 euros según el tipo de lesión), pero la defensa de los investigados se ha negado.

La abogada de Alerta Solidària, Eva Pous, que ejerce la defensa, ha criticado que la causa busca «perseguir las movilizaciones populares», y que los escritos de las acusaciones no reflejan lo ocurrido durante la protesta.

Las conclusiones de la Fiscalía acusan de desórdenes a los nueve manifestantes, y a tres de ellos les atribuye también los presuntos delitos de lesiones y atentado a agente de la autoridad.

Durante la protesta, se colocaron objetos en la carretera C-55, cerca de la cárcel de Lledoners, donde acudieron varios agentes de Mossos d’Esquadra, entre ellos los tres que reportaron lesiones.