Sánchez deja en manos de un Supremo mermado de jueces las restricciones del estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la espita para que las comunidades autónomas interpongan los recursos cuando se levante el estado de alarma en el Tribunal Supremo. Sin embargo, no ha tenido en cuenta que la Sala de Lo Contencioso-Administrativo es de las más mermadas en número de jueces y letrados del Alto Tribunal, además de recibir más de 9.000 causas cada año, como explica la propia memoria del Supremo.

Según han explicado a OKDIARIO fuentes de toda solvencia, a las tres plazas de 3o por cubrir habrá que sumar dos jubilaciones este año, más las bajas habituales por enfermedad. Tres magistrados de 30 pueden parecer pocos, pero las fuentes aseveran que cada magistrado salía a más de 300 causas en 2019, último año del que hay datos. Pero ese número aseguran que, a día de hoy, es mucho mayor, puesto que este año han entrado miles de demandas por la gestión del coronavirus. Es más, esas tres plazas suponen el 30 por ciento de las que están vacantes en todo el Supremo tras el asalto a la Justicia perpetrado por el Gobierno.

Así, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo es la más saturada con diferencia por el volumen de asuntos que atiende. Pero el citado asalto a la Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, derivado del cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide de facto al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos, no ha hecho más que empeorar una situación ya de por sí bastante dantesca.

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces explican a OKDIARIO que la  decisión de que las comunidades autónomas puedan acudir al supremo, «lo único que hace es saturar la ya saturada jurisdicción contenciosa», eso sin tener en cuenta que podría ser inconstitucional esta decisión del Gobierno.

Norma «confusa, ambigua y equívoca»

La nueva norma ya ha sido puesta en solfa por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En un informe hecho público este jueves, al que tuvo acceso este periódico, los letrados del Alto Tribunal advertían de que la nueva norma es «confusa, ambigua y equívoca». Y todo ello sucede porque el Gobierno no ha tenido un ‘plan b’ para cuando decayera el estado de alarma.

Otro punto de importancia dentro del informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo es que «la urgencia» de cinco días para responder del Alto Tribunal no se podrá cumplir, al menos según los letrados que han elaborado el escrito.

Y respecto a esto, dice el informe que existe «una alta probabilidad de que se necesite al Gabinete Técnico para poder cumplir los plazos procesales así fijados. Se hace, por tanto, urgente insistir en la dotación de medios personales y materiales para el personal del gabinete, ya saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general».

El informe es contundente y lapidario, llegando a aseverar que, debido a la norma de admisiones, no todos los recursos serán admitidos, lo que supondrá un doble rasero y evitará que se consiga una jurisprudencia uniforme. Sin embargo, el presidente de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, ha explicado que el mismo «es provisional, no es vinculante y no anticipa la postura del tribunal».