El Parlament mantiene su desafío y publica las resoluciones que impugnará el Gobierno

El Parlamento de Cataluña ha completado el desafío y ha publicado en su Boletín Oficial las resoluciones contra la Guardia Civil y la amnistía para los golpistas encarcelados por el 1-O que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Las propuestas de resolución se aprobaron en el Debate de Política General celebrado la semana pasada.

La publicación de estas resoluciones es un requisito necesario para que el Gobierno pueda presentar el recurso ante Tribunal Constitucional (TC) contra las mismas.

La primera resolución, aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, expresa el compromiso de la Cámara catalana para trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O.

Con esta resolución el Parlament también se conjura para «liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación» si la sentencia del Supremo es condenatoria.

También llama al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, «siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas» en caso de que se condenen a los presos soberanistas.

La segunda resolución, aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP -y con la abstención de los comunes- declara necesaria «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil».

«Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía», recoge el texto que ha prosperado en el Debate de Política General.

El Gobierno ya impugnó recientemente varias resoluciones del Parlament de Cataluña relativas a la figura del Rey y a la Monarquía. Entre ellas, la encaminada a crear una comisión de investigación sobre la monarquía, aprobada en marzo del pasado año e impulsada por JxCat, ERC, los ‘comuns’ y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.