El Parlament exige a la Fiscalía que retire todas las acusaciones relacionadas con el 1-O

El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una moción de ERC que pide al Govern que se dirija al fiscal superior de Cataluña para solicitarle la retirada de todas las acusaciones «contra personas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre».

La moción ha sido aprobada con los 73 votos a favor de JxCat, ERC, la CUP y los comuns y con el voto en contra de PSC, C’s y PP, y alega que, si la Fiscalía decidiera actuar así, lo estaría haciendo «en vista a la defensa del interés público».

El Parlament también ha expresado su apoyo a los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña nombrada para el 1-O contra quienes pesan las acusaciones de desobediencia y usurpación de funciones y para quienes la Fiscalía solicita una pena de 2 años y 9 meses de cárcel.

El texto aprobado defiende que Jordi Matas, Tània Verges, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina actuaron bajo el amparo de ley del referéndum que el Parlament aprobó en septiembre del año pasado.

«El Parlament constata que todas sus actuaciones se llevaron a cabo de acuerdo con la legislación vigente, y que la actuación es indignante y desproporcionada, teniendo en cuenta que su misión era garantizar que el referéndum fuera justo e imparcial», argumenta.

Firmada por el diputado Marc Sanglas, la moción defiende que el Código Penal no contiene ninguna disposición específica que prohíba la organización de un referéndum «incluso cuando no cuentan con la autorización del Gobierno central».

Los síndicos del 1-O, nombrados por el Parlament, no llegaron a ejercer ninguna función relativa al referéndum, ya que fueron cesados del cargo por el propio Govern tras ser apercibidos por el Tribunal Constitucional de que serían multados con 12.000 euros diarios.

Debate

En una intervención ante el pleno, Sanglas ha criticado que el Estado está inmerso «en una carrera enloquecida para reprimir todo los vinculado con el 1-O», una crítica que ha secundado Elisenda Alamany (comuns), que ha criticado el discurso que hizo el Rey el 3 de octubre de 2017.

Natàlia Sànchez (CUP) ha dicho que la situación de los síndicos es «la prolongación de la violencia de Estado contra el clamor democrático de la autodeterminación», una violencia que a su juicio también es judicial.

Ferran Pedret (PSC) ha señalado que nadie querría encontrarse en las circunstancias personales de los cincos síndicos, pero ha votado en contra por considerar que no corresponde al Parlament pronunciarse sobre decisiones judiciales.

El diputado del PP catalán Xavier García Albiol ha argumentado que, si los síndicos encausados «fueron valientes para prestarse a desafiar la democracia, ahora tienen que ser igualmente valientes para asumir las consecuencias».

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha iniciado su intervención con un vaso en la mano y bebiendo en agua, en «recuerdo» a los políticos soberanistas que están en huelga de hambre desde hace casi dos semanas.

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha hablado a continuación y ha dicho que él también bebía agua, pero en homenaje a los catalanes a los que los independentistas «quisieron quitar el pasaporte» cuando buscaron declarar la independencia de forma unilateral.