El padre del edil que exige a 400 funcionarios de Boadilla devolver sus sueldos debe 33.000€ en dietas

El padre del edil que exige a 400 funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte devolver sus sueldos debe al Consistorio 33.000€ en dietas cobradas como concejal.

Una sentencia que desvela en primicia OKDIARIO obliga a Ángel Galindo padre, ex representante de IU y Los Verdes en el Consistorio, a reintegrar lo recibido en dietas tras cobrar un sueldo íntegro.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por otra parte, ha emitido esta semana una sentencia que anula la subida salarial de 2008 para el personal del Ayuntamiento de Boadilla, cuyo alcalde entonces era Arturo González Panero ‘el Albondiguilla’, ahora imputado en la trama Gürtel.

Esta sentencia no explica cómo ha de ejecutarse por parte del Consistorio ni por los funcionarios. Puede que el juez dicte que finalmente no se ha de reintegrar estas cuantías. Sin embargo, ha generado una gran intranquilidad entre los trabajadores y sus familias por tener que pagar los platos rotos de la gestión del regidor anterior.

Pero este no es el último capítulo en materia de salarios en la citada localidad. El padre del edil que realizó la denuncia que puede acabar obligando a devolver a los trabajadores municipales parte de su sueldo, debe desde diciembre del pasado año casi 34.000 euros al Ayuntamiento en dietas cobradas de forma indebida.

Así lo confirma una sentencia del Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid fechada a 4 de diciembre de 2017, que «estima el recurso» del Consistorio y obliga el «reintegro a las arcas municipales por parte de Don Ángel Galindo Torres de la cantidad de 33.861.87 euros».

Fuentes cercanas a los sindicatos municipales esperan «que tal y como reclama a los funcionarios, el concejal de Alternativa por Boadilla anime a su padre a no recurrir y a acatar la decisión de la Justicia lo más rápido posible y sea tan proactivo en este caso como lo está siendo con el de los trabajadores municipales».

Antecedentes

Hace casi dos décadas el Gobierno municipal de Boadilla resolvió que este edil que formaba parte del Grupo Mixto, Ángel Galindo padre, debía dejar de cobrar retribuciones como concejal liberado pasando tan solo a percibir dietas e indemnizaciones.

El complicado carácter del concejal, como demuestra su historial de condenas judiciales, ex de IU y de Los Verdes, hizo imposible después de las elecciones locales de 1999 que se mantuviera en el tiempo el acuerdo del Gobierno local al que llegó con el PP, en minoría. Además, meses después, sus antiguos aliados decidieron modificarle su retribución.

El citado edil elevó este asunto a los tribunales. Lo hizo con sus antiguos compañeros de Gobierno, entre los que también estaba el hoy imputado Albondiguilla. Obtuvieron en 2005 una sentencia que le reconoció su retribución integra como concejal liberado desde el año 2000. Pero este salario es incompatible con la percepción de dietas que hasta el momento había recibido.

El Consistorio procedió a compensar las cantidades adeudadas, es decir, la diferencia entre el sueldo que debió cobrar y lo que ya había recibido en dietas que ahora ya no le correspondían. No obstante, el Tribunal sentenció en 2007 que el edil debía percibir las cantidades integras de la liberación y que fuera, después, el Ayuntamiento quien procediera a pedirle el reintegro de lo correspondiente a dietas.

Así se efectuó, pero en una nueva sentencia de 2013 otro tribunal anuló los decretos de alcaldía de reintegro de las cantidades adeudadas por el edil. Resulta que previamente, el Consistorio debería haber tramitado una declaración de lesividad para el interés público y acudir a la vía contenciosa.

En febrero de 2016, el Ayuntamiento procedió a tramitar la citada declaración de lesividad y en septiembre de ese año presentó una demanda para tratar de que Galindo devolviera la cantidad que cobró en su momento como dietas, 33.000 euros, ya que en sentencia de 2005 el Ayuntamiento recibió la orden de que el mencionado político percibiese con efectos retroactivos lo correspondiente como concejal liberado.

Saga de concejales polémicos

Se trata de una saga de concejales independientes más que polémicos por los intereses urbanísticos que su familia mantiene en el municipio. Padre e hijo suman 27 años en el Ayuntamiento. El padre fue inhabilitado para el ejercicio de empleo y cargo público por un delito continuado de prevaricación. Fueron sonadas los enfrentamientos con funcionarios y hasta con minusválidos.

El hijo es conocido por ser abogado de José Luis Peñas, uno de los antiguos políticos del PP imputados en la trama Gürtel y a quien se le acusa de manipular contratos, apropiarse fondos públicos, enriquecer a Correa, disfrutar de viajes regalados por el cabecilla de la trama y llevarse aproximadamente 130.000 euros de la red corrupta.