El pacto entre PP y Vox en Baleares exige al Gobierno que identifique a los violadores excarcelados

El Partido Popular y Vox han firmado este miércoles un acuerdo para la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta, en virtud del cual los de Santiago Abascal no entrarán en el Govern. Entre los puntos destacados del pacto, las formaciones se comprometen a instar al Gobierno a «identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del sí es sí, poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ello pretenda trasladarse o se encuentre» en esta comunidad. Por el momento, 1.127 violadores, pederastas y agresores sexuales han visto rebajada su pena gracias a la norma impulsada por Irene Montero y aprobada por Pedro Sánchez, de los cuales, 118 han sido excarcelados.

En el texto del acuerdo, PP y Vox afirman además que pedirán al Congreso de los Diputados «que exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres». «Igualmente, se pedirá la derogación inmediata de esa ley, sustituyéndola por otra que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente».

Asimismo, el futuro gobierno balear pondrá en marcha «un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial, los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar causas y elaborar perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con eficacia».

La ley del sólo sí es sí se ha convertido en el asunto más crítico para Pedro Sánchez. El líder socialista, que celebró esta norma como una «ley de vanguardia», asegura ahora que su aprobación fue «un error». «Esa responsabilidad la asumo en primera persona. He pedido disculpas a las víctimas, cometimos un error y lo hemos resuelto desde el punto de vista técnico», alegó este martes, en una entrevista en El Hormiguero, donde insistió en que la ley fue una «equivocación».

Preguntado sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, el socialista afirmó que sus diferencias han sido «públicas y notorias», aunque preguntado sobre por qué no la destituyó, respondió: «Yo he antepuesto siempre en una legislatura tan difícil como la que hemos vivido la estabilidad institucional y una mayoría parlamentaria que me permitiera sacar adelante todas las leyes y las conquistas sociales que hemos sacado adelante».

Sabían el riesgo

Cabe recordar, como reveló OKDIARIO, que Sánchez era plenamente consciente de los riesgos de la ley, y que así se lo trasladó al Ministerio de Igualdad durante su elaboración. En ese proceso, Moncloa mostró sus discrepancias con la rebaja de las horquillas penales para los violadores. En septiembre de 2020, como desveló este periódico, Presidencia trasladó a Montero un informe en el que advertía a la podemita que: «El resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

«No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», se recogía en el texto. Más aún, durante la elaboración de la ley, Justicia e Igualdad realizaron distintos simulacros y concluyeron que hasta un 2% de condenas serían revisadas.

Ambos departamentos mantuvieron al menos siete reuniones para estudiar las modificaciones del Código Penal, como también ha revelado este diario. Fuentes del departamento de Montero aseguraron a OKDIARIO que «durante todo el proceso de elaboración» de la ley se mantuvo una «colaboración particularmente intensa» con Justicia «en la medida en que la norma tenía como núcleo una reforma del Código Penal y es el Ministerio de Justicia el departamento competente para todo lo relativo a sus modificaciones».