Otro juez investiga un amaño de la trama de Cerdán con una carretera de 25,6 millones en Ávila

La Audiencia Provincial de Ávila ha estimado un recurso de Vox y ha ordenado completar un informe pericial que quedó inconcluso en la investigación por prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato de carreteras de 25,6 millones de euros. El auto, que desvela OKDIARIO, revoca las providencias del Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila que daban por finalizada la prueba pericial. Se trata de una derivada la trama de Santos Cerdán, que se ha caracterizado por amañar contratos de obra pública, en otra muestra de cómo con el PSOE en el Gobierno favorecían con contratos a empresarios amigos.

La investigación se centra en, tal como destapó este periódico, un contrato adjudicado en 2019 a la mercantil Cyopsa-Sisocia para la conservación y explotación de las carreteras AV-02 de la provincia de Ávila. El caso saltó a la luz pública cuando OKDIARIO difundió una grabación en la que Alfredo González, subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, presionó a un técnico para modificar la puntuación del concurso.

La Sala ha determinado que el informe emitido por el jefe de servicio de conservación y explotación de carreteras designado como perito, resulta «incompleto y parcial». El propio técnico ha manifestado en su dictamen que necesita conocer el pliego de cláusulas administrativas, «ya que sin este documento, el informe únicamente puede emitir manifestaciones parciales e incompletas».

El tribunal ha considerado que un informe pericial deficiente no cumple la finalidad exigida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, ha ordenado requerir a la Dirección General de Carreteras de la Administración General del Estado la documentación faltante bajo apercibimiento de delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Entre los investigados figura Javier Herrero, quien ocupó el cargo de director general de Carreteras durante el mandato del ex ministro José Luis Ábalos. Se trata de uno de los investigados en la causa especial del Tribunal Supremo tras las revelaciones sobre amaños de obra pública realizadas por el empresario Víctor de Aldama.

En este contrato, según la grabación revelada, las presiones para modificar la adjudicación procedían de «instrucciones» que el subdirector González habría recibido del «director general», al que identificó como «Javier». A todas luces el colaborador de Santos Cerdán.

El ex número dos de Pedro Sánchez en Ferraz, de hecho, mostró en una grabación su temor a que Herrero pudiera «contar lo que hay». Por su parte, Herrero se preguntó si «a ellos les queda claro lo que le prometieron». De esas palabras, la UCO deduce que el alto cargo de Transportes «tenía información que pudiera resultar comprometedora para Santos y Koldo, y que unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario, en Sevilla».

La grabación

En esta derivada judicial en Ávila, las grabaciones también son clave. El lunes 23 de julio de 2019, el subdirector Alfredo González mantuvo una conversación telefónica con el ingeniero jefe, responsable técnico de valorar las ofertas del concurso. En esa conversación, cuya grabación ha sido aportada a la causa, González preguntó sin rodeos: «¿Hasta dónde lo puedes subir?», en referencia a los puntos que debían asignarse a Cyopsa-Sisocia.

El técnico había valorado inicialmente a la empresa Matinsa con 88 puntos y a Cyopsa-Sisocia con 72 puntos. «Estoy fastidiado, que vamos, desde que me has llamado esta mañana no hago más que darle vueltas a la cabeza», manifestó el ingeniero en la conversación. «Esto no hay manera de ajustarlo, no hay manera de ajustarlo. Yo no lo puedo ajustar esto», añadió.

El subdirector insistió: «Haciendo un esfuerzo, puedo subir ocho puntos», respondió el técnico. Pero González rechazó esta propuesta: «A ochenta no… no cumplo las… las instrucciones que me han… me han dado». El alto cargo explicó que necesitaba «empatar o si tienes un punto menos, o dos menos» para poder «apañarlo» por instrucción del «director general», de nombre «Javier [Herrero]», director general de Carreteras de Transportes.

Las diligencias previas se abrieron en 2020 para investigar la comisión de un delito de prevaricación administrativa, un delito de tráfico de influencias y un delito de fraudes y exacciones ilegales. El Juzgado de Instrucción había dictado un auto de sobreseimiento provisional que fue revocado por la Audiencia Provincial el 6 de noviembre de 2023.

En aquella resolución, el tribunal ordenó la práctica de una pericial sobre la valoración técnica de la licitación presentada por Cyopsa-Sisocia. La tramitación de esta prueba ha resultado accidentada. El Juzgado de Instrucción solicitó en febrero de 2024 un informe a los Servicios Centrales de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León.

Esa dirección general requirió documentación previa para elaborar el dictamen. Sin embargo, una vez recibido el expediente administrativo, la Junta de Castilla y León comunicó que no se había remitido el documento referido a la valoración técnica. El Juzgado requirió nuevamente la remisión de esta documentación mediante providencia en diciembre de 2024, sin que fuera aportada.

El Ministerio Fiscal sorprendentemente se adhirió al recurso de Vox. La fiscal argumenta que «la ampliación solicitada debe ser admitida por cuanto se acordó tanto la práctica de la pericial como la remisión de la documentación solicitada por el perito, por entenderla necesaria para la correcta emisión del informe pericial».

Por su parte, la Abogacía del Estado se oponía al recurso alegando que «consta incorporado a los autos el dictamen emitido por el perito designado judicialmente». No obstante, la Audiencia Provincial ha desestimado este argumento al considerar que el informe no reúne las características esenciales para ser considerado completo.

Javier Herrero declaró como testigo en el Supremo por el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varios contratos públicos. Herrero descartó cualquier irregularidad en los mismos y desvinculó al ex ministro de las licitaciones. Sin embargo, sigue como investigado en esa causa como en la de Ávila.

El nuevo auto ha sido dictado por tres magistrados. La resolución ha declarado de oficio las costas de la alzada y ha advertido que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Una vez recibida la documentación faltante, se dará traslado al perito «para que, tras su estudio, emita informe en el que ratifique, amplíe o modifique su anterior informe pericial». Sólo entonces podrá concluir la fase de instrucción y el juez decidir si propone la celebración de juicio o archiva. Un desenlace judicial que, tras cinco años de tramitación y con una grabación que evidencia presiones para el presunto amaño, sigue pendiente de ese documento que podría resultar definitorio.