Los condenados de los ERE para los que el fiscal pidió prisión inmediata seguirán en libertad

La Audiencia Provincial de Sevilla mantendrá en libertad, con medidas cautelares a cuatro altos cargos socialistas condenados con penas de cárcel por los ERE para los que Anticorrupción había solicitado prisión inmediata. Se trata de los ex consejeros de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.

Antonio Fernández, consejero de Empleo bajo las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión y a más de 19 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación con concurso medial con un delito continuado de malversación.

José Antonio Viera, consejero de Empleo con Griñán, fue condenado a 7 años y un día de cárcel y a 18 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público.

Fernández y Viera están considerados piezas clave en el sistema que el Gobierno socialista de Andalucía puso en marcha para desviar las ayudas de los parados a fines políticos que tenían como objetivo garantizar la paz social mientras en la región se destruían miles de empleos. Ellos firmaron el convenio marco que durante diez años sirvió para la concesión de las subvenciones irregulares.

Los dos ex consejeros socialistas cometieron sus delitos bajo las presidencias de Chaves y Griñán, quienes, según la sentencia, no sólo conocían el procedimiento fraudulento diseñado con los ERE como pretexto, sino que lo autorizaron y pusieron en marcha pese a ser «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad».

Guerrero y Fernández ya estuvieron en prisión durante la instrucción de la pieza política de los ERE, el primero del 10 de marzo al 22 de octubre de 2012 y del 20 de marzo al 5 de junio de 2013, y el segundo del 24 de abril al 10 de agosto de 2012.

Guerrero y su sucesor en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, ya fueron condenados el pasado mayo por el caso Umax. Se les consideró culpables de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial e impuso 5 años y 9 meses de prisión a Guerrero, así como 10 años de inhabilitación, y 5 años y 3 meses de cárcel más 9 años de inhabilitación a Márquez.

Esa sentencia consideró probado que Guerrero creó «una estructura de personal paralela a la administrativa» contratando de forma irregular a empleados de Umax para que prestasen servicio en la Junta.