La oposición carga en bloque contra Marlaska por su «inmoral e indigna» gestión en Interior

El PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han cargado de nuevo las tintas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso, donde han urgido una vez más al presidente, Pedro Sánchez, a que lo cese de manera «inmediata» por apartar al coronel Diego Pérez de los Cobos, por sus traslados semanales de presos de ETA a las cárceles del País Vasco y por su «silencio» ante los actos violentos en las calles tras la condena a ‘Pablo Hasel’ o los ocurridos la semana pasada durante un mitin de Vox en Vallecas.

El PP ha llevado este martes a debate del Pleno del Congreso una proposición no de ley que originalmente planteaba censurar al exvicepresidente Pablo Iglesias, ahora candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por aquellas declaraciones en las que cuestionaba la plena normalidad de la democracia española por el encarcelamiento del rapero ‘Pablo Hasél’.

Sin embargo, ha presentado una enmienda a su propio texto señalando ahora al titular de Interior, al que piden que se le repruebe por haber actuado «con desviación de poder» al apartar de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al coronel Pérez de los Cobos. Ahora, la Audiencia Nacional obliga a Interior a restituirle.

En nombre del PP, el diputado Guillermo Mariscal ha insistido en la urgencia de que Sánchez destituya de manera «inmediata» a Marlaska porque su labor al frente del Ministerio supone una «indignidad» y una «inmoralidad», y por la «irresponsabilidad» de su gestión en todo este tiempo, durante en el que ha tomado decisiones «sectarias», «arbitrarias» y alejadas del respeto a la ley.

No ya sólo por quitarse de en medio al coronel Pérez de los Cobos, sino también por el acercamiento semanal de presos de ETA a prisiones del País Vasco -ya van 165 traslados-, y por sus «silencios» ante los ataques violentos acaecidos en el mitin electoral de Vox en Vallecas o la «justificación» de la violencia por parte de algunos miembros del Gobierno, en referencia velada a los ministros de Unidas Podemos.

«Marlaska no puede seguir ni un minuto mas al frente del Ministerio», ha añadido el diputado de UPN Sergio Sayas, para quien su titular «sólo sirve para degradar aún más» a la institución. «Pero, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que tiene ministros que jalean la violencia?», se ha preguntado.

¿Dirige Iglesias la banda criminal?

Desde Vox, el diputado Pedro Fernández Hernández ha apoyado la propuesta de los ‘populares’, a los que ha pedido aceptar una enmienda que aboga por que el Congreso condene todos los actos de violencia que se ejercen contra los partidos constitucionalistas citando expresamente la violencia sufrida por Vox recientemente en Vallecas por «cientos de energúmenos» pertenecientes a una banda criminal «dirigida por el machaca de (Pablo) Iglesias». «¿O tal vez esta banda está dirigida por el propio Iglesias?», ha soltado.

También ha cargado contra el partido morado el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, quien considera a Podemos «un peligro publico». «Les viene grande el cargo, no merecen estar en el Gobierno», ha dicho, tras condenar los disturbios en las marchas por la prisión de Hasel y obviar la autoenmienda del PP pese a que Cs también pide la dimisión de Marlaska por el asunto de Pérez de los Cobos.

En concreto, en su texto, el PP comienza instando al Gobierno a defender la labor de la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales, tras lo cual le reclama que impida que desde Interior se den instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan suponer la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos, singularmente la inviolabilidad del domicilio.

Además, le pide condenar las actuaciones «autoritarias» promovidas por Interior, entre ellas las «injerencias» ejercidas en la Guardia Civil en su función de Policía Judicial, las órdenes dictadas para el control de las críticas al Gobierno en las redes sociales y las instrucciones que impulsaron a la Policía a forzar la entrada del domicilio de ciudadanos sin su consentimiento o la preceptiva orden judicial.