Nuevo frente judicial para Sánchez: la CNMC investiga a empresas contratadas por Transición Ecológica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una inspección que afecta a empresas que han contratado recientemente con el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las empresas bajo sospecha figuran varias de las que han ganado licitaciones millonarias para la extinción de incendios forestales, según se desprende de documentación oficial consultada por OKDIARIO.

La inspección del organismo regulador se centra en posibles acuerdos anticompetitivos en el sector aéreo de emergencias. Las inspecciones realizadas la semana pasada han alcanzado a compañías que, hace escasos meses, habían resultado adjudicatarias de contratos gubernamentales por valor de más de ocho millones de euros.

Pegasus Aviación, una de las empresas inspeccionadas, resultó adjudicataria de cinco de los diez lotes convocados. La compañía cordobesa se llevó contratos por valor de 3.369.500 euros para el suministro de helicópteros de transporte y lanzamiento de agua, así como un avión anfibio de capacidad media.

Fuentes de esa empresa explican a OKDIARIO que «la inspección realizada por la CNMC contó con la colaboración de la compañía en todo lo que ha estado a su alcance». «Como indica la propia CNMC en un comunicado, se encuentra en una fase preliminar y no prejuzga su resultado final ni la culpabilidad de las empresas. En este momento no hay ningún inicio o incoación de expediente, y se entiende que no debería haberla en el futuro, porque la compañía ha respetado la legislación en aquellos procesos que ha participado», indican voces autorizadas de Pegasus Aviación.

Por otro lado, Avincis Aviation Iberia, una de las más importantes del sector y otro de los operadores bajo la lupa del regulador, ganó el lote más cuantioso de esa licitación. El contrato para dos helicópteros de transporte y lanzamiento asciende a 1.646.460 euros. La única oferta presentada para este lote coincidió exactamente con el precio máximo establecido.

En la misma línea, un portavoz oficial expresa a este diario: «Avincis está firmemente comprometida con la seguridad y el estricto cumplimiento de la legalidad. La compañía colabora de forma plena y proactiva con las autoridades competentes y permanece a su entera disposición para aportar cuanta información resulte necesaria».

Eliance Helicopter Global Services, también objeto de inspección, ha sido adjudicataria del lote 9. El contrato para un avión de coordinación y observación alcanza los 307.458 euros. En este caso, la empresa presentó la única oferta para el servicio de «Servicios de extinción aérea de incendios forestales». En este caso declinan hacer comentarios.

Las adjudicaciones del Ministerio de Sara Aagesen se produjeron mediante procedimiento abierto acelerado, justificado por la urgencia ante «las consecuencias que podrían derivarse para las personas, sus bienes, y el medioambiente». El Ministerio invocó la Ley de Contratos del Sector Público para acelerar la tramitación.

Los documentos revelan un patrón que podría resultar inquietante para los investigadores de la CNMC. En varios lotes, el número de ofertas presentadas fue notablemente reducido, con casos de única propuesta o apenas dos competidores.

Tres de los diez lotes (3, 9 y 10) recibieron ofertas únicas, una situación que, según expertos del sector, refleja cierta anormalidad que se puede entender exclusivamente por la alta especialización técnica requerida y los plazos ajustados para participar del concurso. El resto de lotes contó con competencia efectiva, con hasta tres ofertas en los lotes 2 y 7.

En los lotes donde hubo competencia, las diferencias de precios resultan significativas. Pegasus ganó el lote 1 con una oferta de 759.000 euros frente a los 872.820 euros de su competidor. Para el lote 2, la misma empresa ofreció 743.250 euros, muy por debajo de los 876.420 euros de la segunda propuesta.

Esta disparidad sugiere que algunas empresas podrían haber presentado ofertas meramente testimoniales, sin intención real de resultar adjudicatarias. Una práctica que encajaría con el modus operandi típico de los cárteles de licitaciones públicas.

Precedentes preocupantes

El sector de los servicios aéreos de emergencias en España no es ajeno a las investigaciones de competencia. La concentración del mercado en pocas manos ha generado recelos históricos entre los reguladores comunitarios y nacionales.

La CNMC ha intensificado en los últimos años su vigilancia sobre sectores estratégicos donde la contratación pública representa el grueso del negocio. Los cárteles de licitaciones suponen una de las infracciones más graves, con multas que pueden alcanzar el 10% del volumen de negocio anual de las empresas sancionadas.

El expediente del ministerio de la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen contemplaba un presupuesto base de licitación de 8.000.986 euros sin impuestos. Las adjudicaciones finales han alcanzado los 8.216.828,15 euros, según consta en los anuncios de formalización publicados en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de marzo. En lugar de rebajar el precio previsto como sucede habitualmente, en esta ocasión la suma de los lotes encarece la cuantía económica presupuestada.

Los contratos formalizados entre el 2 y el 3 de marzo establecen un periodo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2025. El contrato titulado «Servicio con medios aéreos de apoyo a las Comunidades Autónomas en la extinción de incendios forestales» incluye helicópteros, aviones anfibios y unidades móviles de análisis.

Ramificaciones políticas

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esta inspección supone un nuevo escollo en un contexto ya de por sí espinoso. La contratación pública se ha convertido en terreno abonado para controversias que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

En concreto hay casos de presunta corrupción en la propia Presidencia –con el caso Begoña Gómez–, en el Ministerio de Transportes –con la trama del PSOE de Santos Cerdán, entre otros– y, por ejemplo, el Ministerio del Interior, donde también se contrataron mascarillas a la red de Víctor de Aldama y contaban con el coronel del caso Tito Berni. También el caso hidrocarburos salpica de posibles ilegalidades los ministerios de Industria y Transición Ecológica, en los trámites para permitir a la empresa Villafuel operar en el mercado español. Otros ministerios que se han visto envueltos en las acusaciones son Hacienda (María Jesús Montero) y Política Territorial (Ángel Víctor Torres).

El Ministerio para la Transición Ecológica justificó la urgencia del procedimiento por el riesgo de incendios forestales durante el invierno-primavera, «especialmente en el Noroeste de la Península». Sin embargo, la aparente falta de competencia efectiva en varios lotes plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.

El expediente de 2025 refleja las tensiones de un mercado oligopolístico altamente especializado, donde la licitación de 2024 quedó desierta en 18 de 20 lotes, obligando a contratar por emergencia con más dinero público.

Las inspecciones de la CNMC que realizaron registros simultáneos en varias empresas indican una operación coordinada con las autoridades autonómicas de competencia. Por ejemplo, se inspeccionó un hangar en Cuatro Vientos donde está Eliance, eso sí en ese caso sin coordinarse con la Comunidad de Madrid.

OKDIARIO ha contactado con el Ministerio de Transición Ecológica que, por el momento, evita ofrecer explicación alguna sobre el caso.