La nueva Ley de Memoria Histórica de Sánchez no avala la inhumación de Franco en El Pardo

La última iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso sobre Memoria Histórica no ampara la inhumación de Franco en El Pardo ni recoge los argumentos en los que el Gobierno basa esa decisión. La proposición , que será debatida en los primeros meses de la legislatura y con la que se retoma la propuesta de reforma anterior -que decayó con la disolución anticipada de las Cortes- dedica un apartado específico al futuro enterramiento del dictador.

En dicho punto -artículo 19 de la nueva norma- el partido de Pedro Sánchez esgrime que «los restos mortales de Francisco Franco no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil o de la dictadura franquista».

De acuerdo a la nueva reforma de la Ley de Memoria Histórica que proponen los socialistas nada impide la exaltación de Franco y el régimen franquista en el cementerio de El Pardo

Los socialistas tratan así de dar efecto y contenido a uno de los argumentos que el Ejecutivo en funciones expuso, en su día, para vetar la inhumación de Franco en la catedral de La Almudena, como es deseo de su familia. Sin embargo, nada impide -si se atiende a la redacción literal del apartado- que en El Pardo ocurra exactamente lo mismo. El emplazamiento no cuenta con medidas especiales que impidan la convocatoria o celebración de actos de exaltación del régimen o de la figura del dictador, por lo que nada evitaría que si la reforma resulta aprobada suceda en los próximos meses.

El artículo establece que «corresponde al Gobierno garantizar» que la inhumación cumpla dicho precepto y «a tal efecto, el Consejo de Ministros podrá ordenar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco y su inhumación en un lugar que reúna las condiciones adecuadas para impedir la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración». «En todo caso» -se apostilla también- «se asegurarán unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto».

Seguridad

Sánchez, como revelaba este periódico, encargó en secreto un informe a la Delegación del Gobierno en Madrid en el que basaba su intención de enterrar a Franco en el cementerio de El Pardo alegando, principalmente, razones de seguridad. El Ejecutivo recibió el documento apenas un día antes de aprobar, en Consejo de Ministros, la fecha del 10 de junio como definitiva para una hipotética exhumación. Escenario provisionalmente suspendido por el Tribunal Supremo que debe pronunciarse sobre el fondo del asunto a través de la sentencia que resolverá el recurso de casación planteado por la familia.

En dicho informe oficial se sostiene que el cementerio de El Pardo no presenta problemas de seguridad porque «hasta la fecha» no se han planteado. Asimismo, se destaca que «en la actualidad y desde hace años, se encuentran inhumadas varias personas con relevancia política durante la época franquista, así como la que fue esposa de Francisco Franco, Carmen Polo Martínez».

«La experiencia dice que, durante todos estos años, las visitas a los lugares de enterramiento de estas personas se han venido desarrollando con las condiciones de privacidad y de seguridad deseables, habiendo transcurrido las mismas con total normalidad», señala la Delegación en su documento.

En El Pardo están enterrados, además de la mencionada Carmen Polo, históricos dirigentes, como los ex presidentes Carrero Blanco y Arias Navarro, o los ex ministros  Nemesio Fernández Cuesta Illana, Pablo Martín Alonso, Demetrio Carceller Segura, Pedro Nieto Antúnez o Félix Álvarez-Arenas Pacheco.

Los socialistas quieren que una vez exhumado Franco, si el Supremo lo permite, no sea inhumado en La Almudena, como es voluntad de la familia

Sin embargo, nada comparable con la trascendencia, histórica, social y política, del dictador Franco. De ahí que la deducción de que no se producirán altercados porque hasta ahora no se hayan producido resulta, cuanto menos, llamativa. Además, se afirma también que el emplazamiento no presenta «un volumen importante de visitas» , a excepción del 1 de noviembre, día de Todos los Santos.

El Gobierno también apela a las razones de seguridad, movilidad y orden público, así como a la «afectación de los derechos fundamentales que fueron puestos de manifiesto con ocasión de una posible inhumación de los restos de Francisco Franco en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid». También sostiene que la adopción de medidas antiterroristas, «cuyo reforzamiento parecía necesario en el caso de la catedral de La Almudena por su ubicación cercana a edificios, centros o instalaciones emblemáticas de la ciudad y por ser un lugar de especial concentración y afluencia de ciudadanos», aquí no serían necesarias, al menos «no en aquella dimensión y alcance».

En definitiva, una argumentación mucho más completa que ahora se reduce -en la nueva vuelta de tuerca que proponen los socialistas en Memoria Histórica- a que no se produzcan, en el lugar que resulte elegido, actos de exaltación de la dictadura y del dictador.