El nº 2 de Romeva amplía la demanda de nulidad del ‘procés’ en el juzgado 13 de Barcelona
El director general de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña con Puigdemont y número dos de Raül Romeva, Aleix Villatoro Oliver, es uno de los cuatro ex altos cargos de la Generalitat que ayer solicitaron la nulidad de las investigaciones del 'procés' llevadas a cabo por el juzgado número 13 de Barcelona.
El director general de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña con Puigdemont y número dos de Raül Romeva, Aleix Villatoro Oliver, es uno de los cuatro ex altos cargos de la Generalitat que el martes solicitaron la nulidad de las investigaciones del ‘procés’ llevadas a cabo por el juzgado número 13 de Barcelona.
En el escrito presentado por el abogado de Villatoro, imputado por el referéndum ilegal del 1-O, se pedía la anulación de la causa judicial en la que tanto su cliente, como sus otros 3 compañeros de ERC en diferentes puestos políticos de libre designación en la Generalitat de Cataluña, fueron imputados por el juez Juan Antonio Ramírez Suñer.
Los cuatro ex altos cargos alegaban en dicho escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que Ramírez Suñer fue designado como juez competente, para que la instrucción se hiciese «en una línea determinada» y sin atender a la normativa vigente en materia de reparto de los casos judicializados entre los distintos juzgados de la capital catalana.
En el texto, el abogado sostiene la existencia de un interés premeditado porque la causa recayese en el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 por su «sesgo ideológico», dado que «la normativa impedía adjudicar diligencias sin detenidos» a un juez que hubiera «entrado o salido de guardia en las 72 horas previas». Y se asegura que Ramírez Suñer estuvo de guardia el 28 de enero de 2017, el día inmediatamente posterior al de presentación de la denuncia contra el ex senador Santiago Vidal, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y cabeza de lista por Barcelona, cuya admisión abrió la causa judicial vigente.
Extremos que han sido desmentidos tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como por su decanato. La propia juez decana de Barcelona, Mercè Caso, en declaraciones públicas a medios de comunicación ha negado que la norma de las 72 horas estuviese vigente en 2017, fecha en la que se produjo el reparto del turno para dicha causa.
Recuerda Caso que la reforma del método de asignaciones judiciales entre los 33 juzgados de instrucción de Barcelona estaba vigente desde 2010 y que éste se basa en un sorteo informático automatizado, aleatorio y no manipulable.
El abogado de Villatoro, sin embargo, insiste en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) a través de su decanato «asegura que son de aplicación otras normas no publicadas y que no me han facilitado», y avanza que ampliará el escrito inicialmente registrado como incidente de nulidad.
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