España
Ministerio del Interior

Los narcos hacen negocio con la invasión: alquilan garajes a los ilegales para que se escondan de la Policía

Invasores marroquíes se ocultan en inmuebles de las barriadas del Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Hadú y Los Rosales

Narcotraficantes de Ceuta están haciendo negocio con los invasores marroquíes alquilándoles garajes y otras instalaciones para que se escondan de la Policía. Según ha podido saber OKDIARIO, esta situación se produce desde los primeros días de la invasión, y refugian a grupos de 10 y hasta 20 personas en cada inmueble, por lo que en la ciudad autónoma hay más ilegales que los que se ven deambulando por las calles.

Debido a la presión policial que hay en el Estrecho de Gibraltar, en vez de transportar fardos de hachís, algunos traficantes están haciendo caja de esta forma. Y no sólo narcos, todo tipo de delincuentes, como contrabandistas y traficantes de personas les alquilan espacios, dándoles cobijo, tanto en garajes como en segundas y terceras residencias, así como en infraviviendas, dependiendo del dinero que los invasores marroquíes estén dispuestos a pagar.

«Se encuentran ocultos en las barriadas periféricas. Principalmente en la del Príncipe Alfonso, así como en la del Príncipe Felipe, y los barrios de Hadú y Los Rosales», según detallan a este diario fuentes conocedoras de la situación. La barriada del Príncipe Alfonso es, según fuentes policiales, «una de las más peligrosas de España», en la que prácticamente la totalidad de los vecinos son de confesión musulmana.

En algunos casos, los delincuentes han ido a los ilegales a ofrecerles alojamiento y así evitar ser detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expulsados a Marruecos, mientras que en otros, los marroquíes asaltaron Ceuta sabiendo perfectamente qué puertas tocar, ya que desde hace años han venido escondiéndose compatriotas suyos en los citados barrios.

Tienen que pagar por el escondite porque es un riesgo para el que los cobija ilegalmente, y que «no se les ocurra okupar algún inmueble en el Príncipe Alfonso, porque las bandas organizadas son las que controlan la barriada».

Preguntadas las citadas fuentes por cuánto podrían estar ganando al mes los delincuentes con este modus operandi, indican que «a esos datos sólo pueden acceder los familiares de los delincuentes». «Los asaltantes traen dinero, porque aparte de esconderse, su finalidad es ir a la Península, ya que en Ceuta no hay trabajo ni futuro», apuntan, indicando que «buena parte de ellos quieren irse a Francia o Bélgica, donde hay muchos musulmanes y mezquitas».

Crece el número de ilegales en las calles

Algunos de los invasores tienen más recursos que otros y «a algunos ya se les ha acabado el dinero para pagar el alojamiento, y están siendo expulsados y reemplazados por otros», según indican las citadas fuentes. Además, destacan que «en la última semana también se están dando casos en los que los echan por la presión social».

En una ciudad de 18 kilómetros cuadrados de superficie, «se sabe quién se dedica al contrabando, el tráfico de drogas y el traslado de ilegales, entre otros delitos graves», y compatriotas de los delincuentes «se están enfrentando a ellos por alquilar instalaciones a los invasores, amenazándolos, y éstos sienten que están traicionando a su ciudad».

«Precisamente, esta es la razón por la que el número de ilegales ha aumentado en las calles en la última semana, porque algunos se han quedado sin dinero para pagar por esconderse y porque otros han sido echados por la presión de los vecinos», señalan.

Transportados a la Península

Como ya ha informado OKDIARIO, otros delincuentes también comenzaron a hacer negocio a principios de agosto recogiendo a ilegales de las playas ceutíes en motos de agua y en embarcaciones semirrígidas Phantom, con grandes motores, para llevarlos de forma clandestina a otras costas españolas.

«Llegan a transportar a tres en una moto de agua, y si los pillan, se enfrentan a 10 años de cárcel, porque no sólo han favorecido la inmigración ilegal, sino que han puesto en riesgo la vida de estas personas», indican fuentes policiales.

Recientemente, la Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la Península, una actuación que se ha saldado con cinco detenidos. Una de ellas trasladaba embarcaciones de pequeño calado desde la costa gaditana hasta Ceuta para recoger a ilegales y llevarlas a la otras costas a cambio de hasta 9.000 euros.

En la otra se esclareció la presunta participación de un hombre en una travesía marítima realizada el pasado 14 de agosto, en la que siete personas viajaron hacinadas durante cinco horas. Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, obteniendo un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Ilegales con delitos graves

Entre los invasores hay individuos con delitos graves. Los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil alertaron en los primeros días del asalto que habían entrado, al menos, 10 marroquíes condenados en España por yihadismo que en su día fueron expulsados a Marruecos.

Las identificaciones son las que permiten detectar prohibiciones de entrada, requisitorias judiciales o antecedentes en otros Estados. Quien no pasa por reseña, no pasa por ese filtro y eso es lo que ocurre, hasta el momento, con la inmensa mayoría de los ilegales que todavía permanecen en Ceuta. Fuentes policiales estiman que todavía hay «entre 9.000 y 11.000». 

Finalmente, casi un mes después de la invasión, Interior reforzó el pasado jueves el dispositivo de triaje para «agilizar» el asilo de migrantes o las devoluciones, y el viernes pidió apoyo a Frontex y Europol para estas labores. El Gobierno ha tardado una semana en responder a la oferta de la directora de la Comisión para que agencias europeas colaboraran en la crisis de Ceuta.

Tanto policías como guardias civiles vienen denunciando durante todo el mes de agosto que siguen sin recibir órdenes operativas para revertir la situación en la ciudad autónoma y que no se estaba identificando a los ilegales, sólo cuando se les intercepta cometiendo un delito y en esos casos han detectado que algunos cuentan con órdenes de expulsión de España o que estaban siendo reclamados por Juzgados por delitos.

Esto último ocurrió el pasado 19 de agosto con un marroquí que fue identificado por agentes de la Guardia Civil cuando trataba de colarse en un pesquero para acceder a la península. Al ser identificado, los agentes comprobaron que tenía una requisitoria de un juzgado de Ceuta por un delito de agresión sexual a una menor, cometido en 2019. Sin embargo, había regresado a Marruecos y no había podido ser localizado para ponerlo a disposición judicial. 

Aquel mismo día, una patrulla de policías nacionales también recibió el aviso de que un ilegal condenado por yihadismo en España y expulsado, había entrado en el asalto y fue detectado por la barriada del Sarchal. Los agentes lo localizaron y mientras procedían a su identificación, se revolvió contra ellos, agrediendo a uno de ellos con una piedra en la cara. Fue detenido y pasó a disposición judicial por quebrantar la prohibición y por atentado contra agente de la autoridad, y se decretó su expulsión.

La Guardia Civil también ha detenido esta semana a un invasor marroquí al comprobar durante su identificación en un control que tenía una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por adoctrinamiento terrorista.

Los juzgados de Ceuta han recibido ya 28 denuncias por agresión sexual, 10 de ellas con penetración, contra los invasores, y 55 denuncias por ataques a policías, guardias civiles y militares.