Montero repartirá en plena campaña electoral ayudas a mujeres violadas tras beneficiar a 1.079 agresores

El Ministerio de Igualdad ya tiene listo el decreto que regulará las ayudas económicas a las mujeres que hayan sufrido violencia sexual. Pese a que la conocida como ley del sólo sí es sí entró en vigor en octubre del año pasado, ocho meses después, estas ayudas aún no han sido aprobadas. La intención del departamento de Irene Montero es que esa aprobación se produzca «cuanto antes», lo que, dada la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes, obligaría a su aprobación extraordinaria a través de la Diputación Permanente del Congreso.

En concreto, la ley del sólo sí es sí recoge una ayuda económica para las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. En este caso, la cuantía de la ayuda económica será el equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. El importe de la ayuda podrá percibirse, a elección de la víctima, en un pago único o en seis mensualidades y podrá prorrogarse por una sola vez, siempre que sigan sin superarse los umbrales económicos exigidos. En el caso de que la víctima tenga reconocida una discapacidad  igual o superior al 33%, el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo y si tiene personas a cargo, podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio.

Para acceder a estas ayudas, la condición de víctima podrá acreditarse, no únicamente a través de sentencia judicial, sino mediante una amplia variedad de informes «de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora», además de «por cualquier otro título», según la normativa que se establezca.

Según la memoria que acompaña al proyecto de real decreto -aún pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros-, Igualdad calcula que «unas 2.961 mujeres tendrían derecho a la percepción económica», lo que implicaría un impacto presupuestario de 8.527.680 euros.

1.079 agresores

Hasta el momento, la ley del sólo sí es sí ha beneficiado ya a 1.079 violadores, pederastas y abusadores sexuales, que han visto rebajadas sus condenas. De ellos, 108 han sido excarcelados, según la última actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mediados de mayo. El Tribunal Supremo ha avalado este miércoles las reducciones de pena al rechazar más de una veintena de recursos de la Fiscalía.

La norma impulsada por Irene Montero y que contó con el visto bueno de Pedro Sánchez, ha provocado la preocupación de los organismos internacionales. Este mismo martes, la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Reem Al Salem, cargó contra Montero mostrando su inquietud por la rebaja de pena a depredadores sexuales: «Sus consecuencias podían haberse evitado», advirtió esta experta.

Como reveló OKDIARIO, el informe elaborado por el Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Mujeres sobre las medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno español ya se mostraba muy crítico con la polémica ley incidiendo en el «efecto regresivo del principio de retroactividad» que «conduce a un número significativo de condenas reducidas y excarcelaciones». Estas consecuencias han llegado también al Parlamento Europeo, que en un informe destacó la «alarma social» generada por la ley estrella de Igualdad.

Riesgos

Lo cierto es que, tal y como ha ido contando este periódico, el Gobierno era consciente de los riesgos de la ley pero, aun así, Pedro Sánchez la aprobó en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.

Como reveló este periódico, Moncloa dirigió un informe a Igualdad en el que observaba con preocupación cómo las penas quedaban «sustancialmente reducidas» con la nueva ley. «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», concluía el Ministerio de la Presidencia.

También Justicia e Igualdad sabían de los riesgos. Ambos ministerios mantuvieron varias reuniones en las que se realizaron comprobaciones para estudiar al detalle las posibles revisiones. Concluyeron que hasta un 2% de las condenas podrían ser revisadas, una cifra muy inferior a la actual, pero que demuestra que eran conocedores de sus previsibles consecuencias.

Pese a esas consecuencias, ningún miembro del Gobierno ha asumido responsabilidades políticas. En su lugar, han culpado a los jueces por la «mala aplicación» de la ley debido a su «machismo». La reforma promovida por el PSOE para elevar las penas no tendrá ningún efecto en los ya condenados, a los que se les aplicará la ley más favorable, como dicta el Código Penal: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».