Moncloa «valora la rectificación» de Puigdemont pero insiste en que el Congreso debe «votar»

La carta enviada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidenta del Congreso de los diputados ha merecido una reacción muy firme del Gobierno. El líder independentista ha solicitado comparecer «lo más pronto posible» en la Cámara Baja para un «debate» sobre su referéndum ilegal. Pero el Gobierno no está dispuesto a que no haya votación y reivindica la «soberanía nacional» que reúne a sus «legítimos representantes» en el Parlamento.

En la misiva, Puigdemont no dice nada sobre si esa sesión sería finalizada con una votación o no. Sin embargo, las fuentes independentistas consultadas por OKDIARIO confirman que la intención de la Generalitat es la de que Puigdemont exponga sus ‘razones’ para convocar un referéndum, que es ilegal, de manera unilateral y que los grupos puedan debatirlo, pero nada de votaciones.

Y así lo sabe el Gobierno central. Motivo por el que el comunicado emitido por Moncloa [léalo aquí] es especialmente firme en sus argumentos. Así, la nota «valora la rectificación» del presidente catalán, quien de inicio se negó a acudir al Parlamento, pero se centra en recordar que «esta rectificación se produce una semana después de anunciar la fecha y la pregunta del referéndum unilateral».

Una vez señalada la transgresión, la Presidencia del Gobierno indica que «el señor Puigdemont debe explicar en el Parlamento la vía unilateral que ha escogido, así como el contenido de la llamada Ley de Transitoriedad en la que están trabajando», además del resto de decisiones que «piensa adoptar si el Estado no se aviene a cumplir sus exigencias».

Y la clave la deja Moncloa para el último párrafo, en el que advierte al «señor Puigdemont» que «no puede condicionar ningún formato parlamentario» para su comparecencia en el Parlamento y «mucho menos poner obstáculos a que el Congreso dé su opinión a través de una votación parlamentaria».

Y es que, explica el Gobierno, «las votaciones son precisamente la forma en que los legítimos representantes de la soberanía nacional expresan su posición política sobre los asuntos que afectan al conjunto del pueblo español».