España

Moncloa acelera la investidura en Cataluña para dinamitar el bloque independentista

Juego de tiempos en Cataluña. El Gobierno, actual gestor de la Generalitat,  trata de apretar al máximo los plazos con una intención clara: dinamitar el bloque independentista, ya abiertamente fracturado.

El último paso lo dio este viernes el presidente del Gobierno, convocando la sesión de constitución del Parlament para el 17 de enero, casi una semana antes del plazo máximo contemplado por ley.  En consecuencia, la investidura del nuevo president tendría lugar, a más tardar, 10 días después, es decir, el 27 de enero. 

La XII legislatura catalana arranca así con todas las incógnitas y con un resultado tan ajustado que pone en ‘solfa’ la investidura del ex president Carles Puigdemont. 

En fuentes gubernamentales admiten que apurar los tiempos tiene la finalidad de generar una tensión total en el bloque secesionista que pueda conducir a la ruptura de las negociaciones.

En este contexto, las relaciones entre Junts per Catalunya y ERC son ya lo bastante débiles como para llevar a una situación, en principio, inesperada, que finalice incluso con una repetición de elecciones. 

La convivencia entre los antiguos socios de Govern es ya de alto voltaje:  desde el bando republicano se insiste a Puigdemont para que cumpla con lo que prometió en campaña y regrese a Cataluña, a sabiendas de que, en el mismo momento en que pise suelo español, será detenido. En el supuesto de que el ex presidente renuncie a la investidura en favor de un candidato alternativo, ERC se replanteará su apoyo, y presentará como aspirante a Oriol Junqueras, al que nunca han renunciado como presidenciable. En el caso de que se produzca un veto cruzado entre ambas formaciones, la situación llevaría, casi inexorablemente, a esa repetición de comicios.

En Moncloa consideran, además, que cualquier plan del independentismo para forzar el reglamento de la Cámara, en el sentido de que Puigdemont pueda ser investido por vía telemática o votar a distancia, está condenado al fracaso. Para empezar, porque la propia norma exige que, antes de una reforma, haya existido una investidura. Y siguiendo porque, en el caso de que los secesionistas burlen los trámites y lleven a cabo esa reforma exprés del reglamento, se podría recurrir al Tribunal Constitucional .

Así, en las mismas fuentes, se tienen dudas de que el bloque independentista esté «al completo» en la sesión constitutiva del Parlament, y, más tarde, en la votación de investidura.

Los secesionistas cuentan actualmente con 70 diputados, dos más que la mayoría absoluta, si se suman Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Ocho de ellos, sin embargo, son duda: cinco por estar en el exilio belga- Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comí y Meritxell Serret- y otros tres, en prisión-Jordi Sànchez, Joaquim Forn y Oriol Junqueras.

Los diputados electos pueden delegar en otra persona que les recoja el acta de diputado, pero eso de poco sirve, porque no pueden votar a no ser que el reglamento se reforme. La actual normativa solo contempla esa posibilidad en el caso de baja por maternidad o paternidad, enfermedad o incapacidad. Un supuesto, éste último, en el que difícilmente encaja una prisión preventiva o una huida de la Justicia.

En el caso de que esos ocho parlamentarios no pudiesen votar, los independentistas perderían la mayoría absoluta. Una de las opciones es que cedan el escaño y hagan correr la lista, pero eso tiene una dificultad: que el acta es personal y tampoco queda claro el procedimiento para esa renuncia colectiva. Puigdemont precisa de una mayoría absoluta para ser investido en primera vuelta, y simple, en segunda votación.

Este viernes, en su habitual balance de fin de año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que es «absurdo» presidir una comunidad «viviendo en el extranjero».