El ministerio de Mónica García extravió el expediente que acredita los negocios de Koldo con la Agencia del Medicamento

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, no ha podido localizar en sus archivos el expediente de solicitud de inscripción como bróker de medicamentos de Fertinvest Consulting SL, empresa vinculada a la trama investigada en el caso Koldo ante el Tribunal Supremo.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente de dicho ministerio, asegura que ese documento «nunca tuvo entrada» en sus registros, mientras que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acreditado que el 15 de octubre de 2020 se cumplimentó, escaneó y remitió el formulario oficial, y se abonó la tasa administrativa de 257,58 euros.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se posiciona del lado del Gobierno cierra ahora el caso sin exigir que explique qué archivos ha consultado ni con qué criterios.

La AEMPS afirma que «no ha habido solicitudes o documentación sobre dichas empresas que consten en nuestros archivos para los años solicitados». Algo contrario a lo que dice la UCO y se dijo en el juicio en el Supremo.

Expediente de Fertinvest

OKDIARIO impugnó esa respuesta cuatro días después ante el Consejo de Transparencia, tachándola de manifiestamente falsa. Aportó copia del formulario oficial de solicitud de alta —documento del propio Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS fechado el 15 de octubre de 2020— y el justificante del modelo 317 de pago de tasa por importe de 257,58 euros correspondiente al ejercicio 2020.

Documentos que demuestran inequívocamente que sí existe un expediente administrativo, al menos, de Fertinvest Consulting SL en los archivos de la AEMPS para el periodo 2020-2021.

La AEMPS, requerida por el Consejo, mantiene su posición con un argumento de índole procedimental: «El hecho de que se haya cumplimentado un formulario de solicitud para el alta en el registro de entidades de intermediación de medicamentos, disponible en la página web, y se hubiera abonado, si fuera el caso, una tasa, no implica que se presentara formalmente dicha solicitud».

La agencia añade que «el formulario de solicitud no muestra sello de entrada o número de registro, lo que indica que dicho formulario no habría tenido entrada en registro». Obvia que la directora se lo envía a Francos y él a Koldo. Sí estaba en Sanidad.

La UCO ofrece un relato pormenorizado y de signo contrario. Según esa documentación, ese mismo 15 de octubre de 2020, Koldo asumió la gestión de la operación.

Al día siguiente, 16 de octubre, se reunió con Víctor Francos, jefe de gabinete del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pocas horas después, uno de los implicados comunicó a sus socios que «la semana que viene somos bróker de medicamentos».

La UCO acreditó además que el propio Francos remitió al intermediario «una serie de mensajes e imágenes relativas al estado de la inscripción, incluyendo el formulario cumplimentado y una comunicación atribuida a la entonces directora de la AEMPS». Según los investigadores, la directora de la agencia no solo conocía la solicitud, sino que habría emitido algún tipo de señal sobre su tramitación.

Conflicto interés en el AEMPS

El elemento más escabroso del expediente es que la resolución denegatoria que niega la existencia de esa documentación está firmada por la propia María Jesús Lamas Díaz.

OKDIARIO señaló en sus alegaciones de abril de 2026 que esta circunstancia «genera una apariencia objetiva de conflicto de interés» que habría exigido su abstención conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Solicitó al Consejo que valorara si la resolución debía ser resuelta por «un órgano distinto». El Consejo no se ha pronunciado sobre este punto.

La ausencia del expediente podría ser precisamente consecuencia de irregularidades: que la tramitación se habría producido al margen del procedimiento ordinario, merced a la intermediación política descrita.

La resolución admite, no obstante, que la AEMPS incumplió el plazo máximo legal de un mes para responder a la solicitud, sin que conste «causa o razón que lo justifique».

La puerta no está cerrada: cabe aún recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Lo que este expediente ha dejado al descubierto, con toda su aridez burocrática, es una grieta inquietante: un documento que la Guardia Civil sitúa en los archivos de Sanidad ha resultado ser, para la propia Sanidad, poco menos que un fantasma.