España

Las medidas del ‘pacto anticorrupción’ entre PP y C’s se «matizarán» en la mesa de negociación

Ciudadanos aseguró por activa y pasiva que las seis condiciones para avanzar en el ‘sí’ a la investidura de Mariano Rajoy-eliminación de aforamientos e indultos por corrupción, limitación de mandatos, reforma de la ley electoral, creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas y expulsión de cargos imputados por corrupción-eran «innegociables».  

Fue la respuesta del partido de centro a la información avanzada por OKDIARIO, en la que se aseguraba que la intención del PP era aceptar esas medidas aunque con «matices», como la ampliación de la citada comisión a casos de corrupción de otras formaciones.

Ahora, es el partido de Rivera el que se abre a una revisión en las negociaciones que ambos partidos han iniciado este lunes, y con las que se pretende pactar un acuerdo más amplio de reformas. Las condiciones serán concretadas en el bloque dedicado a la “Transparencia, regeneración y lucha contra la corrupción”.

Dudas sobre qué cargos deben ser expulsados

Esa concreción afecta especialmente a la medida que exige la expulsión inmediata de los cargos imputados por delitos de corrupción. Y las consecuencias no son menores. 

En el documento que desde Ciudadanos se trasladó al PP se daba a entender que esa exigencia afectaría a todos los cargos, desde un ministro a un concejal. 

“Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, se puede leer textualmente en el documento que conforma el conocido ya como ‘Pacto anticorrupción’ entre PP y Ciudadanos, firmado el pasado viernes. 

Apenas tres días después de firmar este acuerdo, desde Ciudadanos se asegura que la exigencia sólo se aplicará a miembros del Gobierno, Congreso y Senado, lo que resulta una novedad. Fuentes del partido naranja afirman que así se entendió “desde un principio”, si bien en ningún documento figuró esta precisión, ni así lo entendió el propio PP.

De hecho, el propio Rafael Hernando, portavoz parlamentario de los populares y encargado, junto con su homólogo de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, de suscribir este acuerdo, asumió el mismo viernes, a preguntas de los periodistas,  que ese requisito afectaría a “todos” los cargos que estuviesen siendo investigados por un delito de corrupción, entre ellos, por ejemplo,  los nueve concejales del PP valenciano implicados en el ‘caso Taula’. Teniendo en cuenta este matiz «de última hora» estos ediles no se verían afectados. 

Desconcierto en el PP

Fuentes del partido de Rivera añaden además que “donde se verán distintos asuntos es en la negociación, en el apartado de lucha contra la corrupción”- uno de los bloques en los que se dividen las conversaciones de esta semana entre PP y Ciudadanos- con lo que dejan abierta la puerta a introducir posibles matices.

La indefinición de esta medida ha desconcertado también en filas del PP. Fuentes de los populares en la mesa negociadora aseguran que desde Ciudadanos “nunca se ha especificado” el alcance de esa exigencia y que, en cualquier caso, aún no se había tratado en las negociaciones, con lo que se entiende que será en los próximos días cuando se añada esta precisión.

El acuerdo deja otras incógnitas, como ya publicó este periódico. Por ejemplo, si las medidas tendrán o no carácter retroactivo, algo que no se recoge en el documento y que también tiene implicaciones.

Esto afectaría especialmente a la limitación de mandatos del presidente del Gobierno «a un máximo de ocho años o dos legislaturas». De ser retroactivo, Mariano Rajoy vería más limitado su tiempo para permanecer en La Moncloa, en caso de ser investido. Fuentes populares afirman que «lo lógico» es que el tiempo se cuente desde la firma del acuerdo.

Otras exigencias, como la reforma de la ley electoral o la supresión de aforamientos, también plantean problemas para su puesta en marcha ya que requieren contar con el apoyo de otras formaciones políticas. El acuerdo da al PP  tres meses para que lleve a la práctica estas exigencias, un plazo ciertamente limitado.