Marlaska se salta la ley en las cárceles: da a los funcionarios una mascarilla para 40 horas laborales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha conseguido encender los ánimos de sus funcionarios en las cárceles. Y es que, tras múltiples quejas por la falta de material de protección frente al coronavirus, ha llegado el momento de las mascarillas obligatorias.

Ni por esas: el principal sindicato de la función pública (CSIF) ha puesto el grito en el cielo porque Instituciones Penitenciarias les ha adjudicado una mascarilla quirúrgica para cada 40 horas laborales. Esas mascarillas no se recomiendan ni para una jornada laboral completa de 8 horas en las cárceles.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior no entiende el trato recibido por parte del Ministerio del Interior. «Con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, CSIF advierte de que en las prisiones se entrega a los trabajadores/as una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio», denuncia el sindicato.

CSIF apunta que «entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud».

Recurso por la desescalada en las cárceles

Por otra parte, el sindicato ya ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en las cárceles (apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos) y es que considera que las previsiones incluidas no se ajustan a derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene.

Csif señala que «no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros asuntos».

Hay que recordar que el sindicato ha venido reclamando desde el pasado febrero la dotación de mascarillas y de equipos de protección individual para todas las personas trabajadoras, que deben complementarse con actuaciones clave, como la los test masivos y un refuerzo en la Atención Primaria para realizar una vigilancia epidemiológica correcta.

Los funcionarios de prisiones, por su parte, han denunciado el abandono al que les tiene sometido el Ministerio del Interior. Y algunas de las situaciones vividas por estos empleados públicos, que ya ha decidido denunciar el sindicato CSIF, llaman la atención por el evidente riesgo al que el Gobierno ha sometido a este colectivo y a los propios presos.

Responsables de CSIF han señalado que en numerosas ocasiones han tenido reclamaciones de los presos para que los funcionarios usaran mascarillas. Y han sido las direcciones de los centros penitenciarios las que se han negado a esta exigencia por el «alarmismo» que podría generar.

Así ha ocurrido en numerosas prisiones, como la de Castellón, Foncalent (Alicante), Puerto de Santa María, Lanzarote u Ocaña (Toledo). «Las órdenes no llegaron ni por escrito ni desde Instituciones Penitenciarias, pero rechazaban el uso de las mascarillas e, incluso, exigían quitárselas a los funcionarios que decidían venir con las mascarillas desde casa», señalan desde CSIF.