Marlaska pone en sólo año y medio a 1.470 reclusos en semilibertad en contra de la opinión de las prisiones

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 24/04/2026 05:50
  • Actualizado: 24/04/2026 07:47

En sólo año y medio, del 1 de enero de 2024 a mediados de 2025, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha puesto en semilibertad a 1.470 presos en contra del criterio de los técnicos de las prisiones. Así se desprende de los datos del propio Ministerio, en manos de Fernando Grande-Marlaska, a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Segundo grado es el régimen ordinario, en el que ingresan todos los presos, incluso los asesinos en serie y violadores de niños. Sin embargo, el tercer grado supone que queden en libertad durante el día, y por la noche o bien pernocten en su domicilio con una pulsera telemática o acudan a dormir a un Centro de Inserción Social (CIS), centros más parecidos a un colegio mayor que a una prisión, donde incluso pueden tener teléfonos personales.

En concreto, en 2024 clasificó en tercer grado a 686 internos en contra del criterio de las Juntas de Tratamiento, que habían propuesto mantenerlos en segundo grado por considerar que aún no estaban preparados para vivir en semilibertad. Y en 2025, sólo de enero a julio, la cifra ya ascendía a 557 casos.

Con estas decisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está desautorizando la valoración profesional de los equipos técnicos, encargados de evaluar directamente la evolución, peligrosidad y reinserción de los internos.

Se niega a que vuelvan a segundo grado

Esto no sólo implica que corrige decisiones técnicas para progresar de grado a estos individuos, sino también que impide la regresión cuando los profesionales consideran que es necesaria, consolidando un modelo donde el criterio técnico se tira por tierra frente a decisiones de carácter político.

Los equipos técnicos de las prisiones están compuestos por psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales, un jefe de servicio, el director de la prisión –con voto doble– y el subdirector de tratamiento, quienes tienen la función de realizar revisiones semestrales de grado.

En 2024, hasta 108 propuestas de regresión de tercer a segundo grado fueron rechazadas, manteniendo a los internos en régimen abierto. En 2025, fueron tumbadas 109 de enero a julio.

Éstas son las últimas cifras que Interior ha revelado. Y se ha visto obligado a hacerlo a petición de los funcionarios de prisiones, que se temían que los terceros grados a personas que no se lo merecen se habían disparado en los últimos dos años, y estaban en lo cierto, de acuerdo con los expertos. Entre 2018 y 2021, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado a 1.273 reos en contra del criterio de los técnicos, según reveló el Gobierno a raíz de una pregunta parlamentaria.

Y ha sido el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM) quien le exigió que rindiera cuentas a través del Portal de Transparencia aportando las cifras de los dos últimos años.

Pese a que pidió los datos de todo el 2025, Interior alegó que sólo disponía de esos. Además, todavía no ha revelado los datos de delitos cometidos por internos en tercer grado o durante salidas, lo que impide evaluar las consecuencias de tales decisiones.

No lo ha hecho argumentando que desconoce esos datos, si bien, según fuentes penitenciarias, es una estadística que recopilan los centros penitenciarios, por lo que, si hay voluntad, puede conseguir fácilmente esta información.

Quiere más presos en la calle

«Marlaska quiere que cada vez haya más presos en la calle. Una decisión politizada, al igual que el hecho de beneficiar a los presos más peligrosos pasándolos de primer grado a segundo», declaran a OKDIARIO desde el sindicato TAMPM.

Marlaska ha reducido nada menos que un 60% el número de presos en primer grado –el régimen que se aplica a los más conflictivos– bajo su mandato. De los 1.011 internos en primer grado que había en en 2017, se pasó a 990 en 2018 y ha ido bajando progresivamente hasta 2025, cuando apenas había 400.

Según los datos de 2025 facilitados por la propia Secretaría General, desestimó una de cada tres propuestas de primer grado. Una decisión que toma un técnico de la Secretaría General que nunca ha visto al interno.

Desde su nombramiento, la reducción de los clasificados en primer grado –régimen cerrado– es uno de los objetivos del Ministerio e Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz. Sin embargo, los funcionarios de prisiones denuncian que «esta política buenista ha disparado la espiral de violencia en las prisiones», con hasta 527 agresiones a los funcionarios en 2025, lo que supone más del doble que en 2018, y con incrementos máximos históricos sostenidos desde 2022.

El mandato de Marlaska deja un diagnóstico claro para el sindicato TAMPM: «Un sistema más flexible, pero menos seguro». Y destaca que esto no sólo lo sufren los funcionarios, sino también los internos que cumplen las normas y «lo acabará sufriendo la sociedad».