Marlaska obliga a la Guardia Civil a relajar la vigilancia de mujeres maltratadas por falta de agentes
Presiones en las comisarías por la falta de agentes dedicados por Marlaska a la violencia de género
Marlaska presume de un "modelo único en el mundo" de protección de víctimas de violencia de género
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El sistema Viogén es la herramienta utilizada en las comisarías para evaluar el nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género. Un algoritmo que, en base a distintas cuestiones, evalúa las necesidades de protección de las mujeres maltratadas. ¿Funciona? Las cifras de asesinatos, año tras año, plantean la duda. Además de los cuestionarios empleados para la valoración, criticados por obsoletos, los agentes denuncian presiones de sus superiores a la hora de asignar un grado de peligro. La razón es la falta de efectivos destinados por Fernando Grande-Marlaska a garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género. Si a la mujer se le asigna un nivel de riesgo extremo, dispondrá de vigilancia policial durante 24 horas, lo que significa que habrá que asignar una patrulla en exclusiva y retraerla de otras labores de protección de la seguridad ciudadana.
La asociación de la Guardia Civil Jucil ha denunciado este miércoles las presiones sobre los guardias civiles en Valencia para que califiquen con menor riesgo a víctimas de violencia de género por falta de efectivos para su protección.
«La falta de personal en las unidades territoriales de la Guardia Civil ha llevado a situaciones en las que los compañeros de los equipos encargados de realizar las valoraciones por violencia de género (Equipos Viogén) están siendo presionados por oficiales jefes de Compañía y jefes de unidades para que las evaluaciones en las que se clasifica el nivel de riesgo de las víctimas eviten los niveles de riesgo alto o extremo», señalan desde la asociación.
Este problema es, no obstante, generalizado. Ocurre en varias comisarías de toda España, según ha podido saber este periódico, donde los agentes se sienten presionados a la hora de realizar una valoración. A veces se cede a esas presiones. Otras, no. Según los datos del departamento de Grande-Marlaska, el sistema Viogén da protección policial a 31 mujeres víctimas de violencia de género en nivel de riesgo extremo, a 1.097 en riesgo alto, a 11.364 en riesgo medio y 33.548 en riesgo bajo. En total, 46.040 mujeres víctimas de violencia de género cuentan con medidas de protección policial según el nivel de riesgo que se les ha asignado, pero apenas un 0,06% disponen de la máxima vigilancia.
La aplicación Viogén califica el riesgo que tiene una mujer maltratada de sufrir una nueva agresión. Se activa cuando una víctima de violencia de género acude a la comisaría a poner una denuncia. Esos niveles son: No apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Fuentes de la Guardia Civil indican que los agentes pueden elevar el nivel de riesgo asignado por el cuestionario. En función de ello, se determina la presencia policial y las distintas medidas de protección. El problema surge cuando faltan efectivos.
Riesgo extremo
En el caso de que se aprecie un riesgo alto y especialmente extremo se requiere la presencia constante de una patrulla de la Guardia Civil junto a la víctima de violencia de género, ya sea en su domicilio, en su lugar de trabajo o en áreas de ocio.
«El motivo principal para que se produzcan este tipo de presiones es que la Guardia Civil carece de equipos suficientes y medios para llevar a cabo dichas intervenciones. Aunque, en principio, se han destinado dos o tres personas por compañía para este fin, la realidad es que estos efectivos carecen de formación específica para realizar correctamente las valoraciones y, además, su labor principal se dirige a temas burocráticos y no a la atención personal a las víctimas», señalan desde Jucil.
La asociación se ha dirigido a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, a fin de que se tomen medidas urgentes. Advierten que se está poniendo en riesgo a las víctimas «por la escasez de personal destinado a protegerlas de nuevos ataques». Señalan que el sistema es «un lavado de cara» para los políticos, pero cuestionan su utilidad para proteger a las víctimas.