Marlaska dio orden de blindar el chalet de Iglesias pese a que la Guardia Civil no lo vio necesario

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio directamente la orden de desplegar el operativo especial de seguridad en torno a la finca donde viven el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero. Lo hizo sin que la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que es competente en la materia, advirtiese sobre la necesidad de reforzar el dispositivo.

Los manifestantes, que desde el domingo protagonizan una cacerolada en la calle que transcurre paralela a la finca de Iglesias y Montero, se encontraron este martes con que la Guardia Civil había decidido cerrar el acceso de los vecinos a la vía, pública y de libre circulación. A quienes querían transitar por ella se les desviaba a un camino de tierra. Un ‘blindaje’ que no se vio en los dos primeros días de la protesta, que Podemos ha calificado abiertamente de acción de la «ultraderecha».

La instrucción de reforzar el martes el despliegue policial, por el que incluso han pedido explicaciones algunas asociaciones de la Guardia Civil como UGC, partió directamente del Gabinete del ministro del Interior, tal y como ha podido saber OKDIARIO de fuentes ministeriales y de la Comandancia de Madrid. «La protección personal de los miembros del Gobierno atañe directamente al ministro y éste participa activamente en el diseño de los operativos de seguridad de sus compañeros. Así ha sido siempre», explican fuentes policiales.

La Guardia Civil no lo vio necesario

La seguridad ciudadana en la demarcación de Galapagar, donde se encuentra la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero, depende de la Guardia Civil. De muros para afuera de la finca, es la Benemérita quien se hace cargo de la seguridad.

Cualquier refuerzo o dispositivo extra que se coloque en la zona es competencia y responsabilidad de la Guardia Civil. Esos refuerzos se producen, explican fuentes de la Benemérita, cuando la Comandancia o el Servicio de Información detectan algún tipo de amenaza o riesgo extra para la seguridad.

Ninguna de estas dos entidades, tal y como ha podido saber OKDIARIO de fuentes de ambas, puso en conocimiento del Ministerio del Interior dato alguno que argumentase la necesidad de un mayor despliegue entre el lunes y el martes.

Orden ministerial directa 

Pese a que nadie de la Guardia Civil vio motivos suficientes como para un mayor despliegue, el martes por la mañana la Secretaría de Estado de Seguridad ponía en conocimiento de la Comandancia de Madrid la instrucción ministerial de cerrar el acceso a la vía. Una copia de la instrucción también fue remitida a la Delegación del Gobierno.

A partir de ese momento, la orden de Marlaska continúa el conducto reglamentario: la Comandancia pone la instrucción en conocimiento de la Compañía de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial, la unidad territorial encargada de planificar, coordinar y dirigir las misiones encomendadas a la Guardia Civil en esa zona de Madrid en la que está encuadrado el municipio de Galapagar.

En vista de que las órdenes implican un despliegue mayor del habitual, y que el puesto de Galapagar no cuenta con suficientes medios humanos para hacer frente a la misión, desde el mando de la Compañía de San Lorenzo del Escorial decide activar efectivos de otros puestos dependientes de esta unidad.

De esta manera, se movilizó a agentes y medios de los puestos de El Escorial, Villalba, Hoyo del Manzanares y Torrelodones. El resultado fue ese ‘blindaje’, con corte de vía pública incluida, que pudo verse el martes frente a la casa del vicepresidente Pablo Iglesias.