Marlaska deniega a Espinosa de los Monteros el escolta que sí puso a Iglesias sin ser vicepresidente

Vox ha pedido, hasta en cuatro ocasiones, al Ministerio de Interior que asigne un guardaespaldas para garantizar la seguridad de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. El ministro Fernando Grande-Marlaska se niega a concedérselo pese a que, a finales del año 2018, el Gobierno del que formaba parte sí dispuso un escolta para Pablo Iglesias, que aún no era vicepresidente.

El partido de Santiago Abascal se encuentra en el punto de mira de aquellos que le consideran una formación de ultraderecha y proclaman que no tiene cabida dentro del sistema democrático español. Esta idea, alentada por los partidos de izquierdas, ha provocado momentos de gran tensión en actos o mítines del partido.

Por ello, Vox considera que Iván Espinosa de los Monteros necesita de la protección de un guardaespaldas, especialmente tras el robo del portafolio que llevaba en el interior de su coche oficial y que desapareció sin haberse forzado la cerradura del vehículo.

Sin embargo, Interior se resiste a poner escolta al portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros y aducen que «no se considera necesario».

La decisión actual contrasta con la que adoptó Marlaska en 2018 al asignar protección oficial a Pablo Iglesias, por aquel entonces el podemita sólo era líder y portavoz parlamentario de un partido de la oposición.

Esta escolta dinámica que acompañaba a Pablo Iglesias allí donde se desplazase le fue concedida cuando aún no formaba parte del Gobierno de coalición y a pesar de que ya contaba con un dispositivo estático en su casoplón de Galapagar.

Además, las situaciones se asemejan en cuanto a representación parlamentaria se refiere. En aquel momento Podemos era la tercera fuerza en el Congreso, puesto que ocupa en estos momentos Vox.

¿Quién tiene derecho a escolta?

A pesar de que la negativa del ministro Marlaska contrasta con la decisión que tomó en 2018 con Pablo Iglesias, el Ministerio puede justificar su negativa en su propia evaluación.

La norma establece que los cargos que disponen de manera inmediata y sin petición de escolta son los miembros del Gobierno, el jefe de la oposición y los ex presidentes del Gobierno.

A otros, como los portavoces, se les concede previa solicitud si el análisis concluye que existe una amenaza real sobre esa persona.

En la actualidad, tal como ha podido comprobar OKDIARIO, existen otros portavoces parlamentarios -que no revelamos por motivos de seguridad – que sí disponen de guardaespaldas.

Algunos de los políticos cuentan con una medida de protección menor a un guardaespaldas. Se trata de las denominadas contravigilancias, formadas por patrullas de agentes que realizan rondas como precaución.

También se da la situación de que los partidos contrataron seguridad privada para algunos de sus miembros. Este tipo de elección corre a cuenta del partido y no del presupuesto público.

Ataques y amenazas

El pasado mes de junio, Vox difundió un listado con centenares de ataques y amenazas sufridos desde 2018 para demostrar «falta de libertad» que sufren sus militantes y dirigentes «ante el silencio casi unánime de partidos políticos y medios de comunicación».

De hecho, hace apenas un mes los partidos de izquierda del Senado se negaron a firmar una declaración institucional presentada por Vox en la que se condenaba la escalada de violencia ejercida contra políticos en España.

Esta espiral de violencia, denunciaba la declaración, tuvo como colofón el reciente intento de linchamiento a dos diputados del Congreso, Rocío de Meer e Ignacio Garriga, en el barrio barcelonés de El Raval. «Con este episodio, las violentas huestes de extrema izquierda han demostrado que sólo permiten la libertad política a quienes defienden sus propias ideas, y que están dispuestos a acabar violentamente con cualquier disidencia», explicaba el escrito del partido de Santiago Abascal.

El escrito recordaba también que «lo que hace unos años eran lamentables sucesos de acoso, coacción pública e insultos contra ciertos políticos, especialmente en lugares como Cataluña, País Vasco o Navarra», en los últimos meses se ha convertido en una «espiral constante de violencia que se ha concentrado en lo que consideran su auténtica oposición política».

El texto que sí apoyaron Ciudadanos y Partido Popular defendía que «las fuerzas políticas de extrema izquierda y separatistas» inyectan «el odio contra las personas por sus ideas políticas y se incita a parte de la sociedad a utilizar la violencia como método de confrontación política».