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Marlaska criminaliza a los ceutíes y no condena las agresiones de los invasores: «Se necesita serenidad»

El ministro habla de "intentos partidistas" de usar una "situación de complejidad" para un "aprovechamiento político"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criminalizado a los ciudadanos de Ceuta que se han manifestado contra los invasores que entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Y lo ha hecho sin condenar las agresiones cometidas por los inmigrantes contra militares, policías y guardias civiles. «Lo que necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado», ha expresado este viernes en el Congreso.

«Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia», ha manifestado el titular de Interior en su comparecencia en la Comisión de Interior en una sesión extraordinaria para informar sobre la gestión de la invasión de Ceuta.

El ministro ha hablado de «intentos partidistas» de utilizar una «situación de gran complejidad» para «desinformar» y hacer un «aprovechamiento político» de la crisis. «O, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta», ha añadido.

«La violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad», ha subrayado Marlaska. En todo caso, el titular de Interior ha intentado expresar su «empatía absoluta por la ciudadanía de Ceuta», pero ha recalcado que «la violencia no es en modo alguno el camino».

El ministro del Interior ha guardado silencio sobre la situación de violencia que están sufriendo los policías, guardias civiles y militares. Tal y como ha desvelado este viernes OKDIARIO, los juzgados de Ceuta han recibido 53 denuncias por agresiones y resistencia de los invasores de Ceuta contra policías, guardias y militares. De ellas, 29 son por atentado a agente de la autoridad, otras 23 por delito de resistencia y una por agresión.

Todos los ataques han sido perpetrados por marroquíes ilegales y en su inmensa mayoría han sido expulsados del país. De estas denuncias, hasta 51 han sido presentadas por policías nacionales y policías locales.

A ellas se suman también otras 20 por agresión sexual, ocho de ellas por violación, a fecha de este miércoles, y entre las víctimas hay una vecina de Ceuta, como reveló en exclusiva este diario.

En su lugar, Marlaska ha decidido cargar contra situaciones de tensión que se han vivido en Ceuta tras un mes de abandono por parte del Gobierno. Este jueves, varios vecinos de la ciudad autónoma rompieron el cordón policial montado alrededor de la playa de El Trampolín para llegar al asentamiento de los inmigrantes y quemar las chabolas en las que pernoctan.

Los manifestantes extendieron una bandera de España gigante antes de dirigirse a la playa, en la que miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes.

Además, los ceutíes han ocupado la carretera y han cortado el tránsito mientras gritaban contra la Cruz Roja y contra la invasión: «¡Fuera la Cruz Roja!», «¡Es una mafia!», «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!».

«Estigmatización» de los inmigrantes

Marlaska ha puesto el foco en los «discursos» que, en opinión del ministro, «contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes y que alimentan la división social». «Lo que necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido del Estado», ha recalcado, para culpar a «la ultraderecha y ahora también la derecha» por hablar de «invasores y delincuentes» y por llamar a «cazar inmigrantes» o a «deportar a las personas hospitalizadas».

A ojos de Marlaska, «todo ello es totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana». El titular de Interior ha asegurado que se trata «de personas, de hombres, de mujeres, pero también niños, niñas y adolescentes», algunos de los cuales están «en situación de desamparo, que deben ser tratados con humanidad, respeto y pleno amparo de la legalidad».

«España es una democracia avanzada que sustenta su actuación en el respeto a los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de proteger a quienes se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad», ha incidido. A la vez, ha asegurado que el país es «un Estado fuertemente comprometido con el cumplimiento de la ley, con la defensa de nuestras fronteras y con la seguridad de nuestros ciudadanos».