Rajoy y Sánchez pactan un control reforzado del gasto del Govern ante la amenaza «xenófoba»

El discurso separatista de Quim Torra en su investidura tendrá consecuencias. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acaban de pactar un sistema de control reforzado del comportamiento del nuevo Govern para evitar la amenaza rupturista y, especialmente, un sistema de «vigilancia en el cumplimiento de la legalidad» que se hace «extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos».

Es decir, que se levanta el 155 pero se mantiene un sistema reforzado de supervisión que evite que fondos públicos puedan acabar en la continuidad del golpe separatista.

El presidente del Gobierno y el secretario General del PSOE han acordado en la reunión de este martes por la mañana, de 50 minutos, «reforzar su acuerdo político para la defensa del orden constitucional en España y también ante nuestros socios europeos».

La situación de gravedad no se ha ocultado en la reunión. «Dada la situación creada con la investidura del nuevo president de la Generalitat, su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas, el Gobierno, el PP y el PSOE se han comprometido a ofrecer «una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria frente a cualquier eventual desafío», señala literalmente el acuerdo alcanzado.

Con este propósito, ambos partidos han coincidido en rechazar cualquier intento de «poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña».

Quieren sumar a más fuerzas políticas

Asimismo el Gobierno y ambas formaciones políticas han acordado que la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva a los «recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015».

PP y PSOE quieren que el resto de fuerzas políticas se sumen al acuerdo y por ello señalan que «este acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitió la reparación de la legalidad quebrantada por el anterior gobierno de la Generalitat. Asimismo está abierto a cualquier otra formación política que desee mostrar su compromiso con nuestras instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico».

El Presidente del Gobierno y el Secretario General del PSOE han acordado, además, «trasladar a la sociedad española un mensaje de serenidad y de firmeza en la defensa de la concordia civil, la legalidad vigente, la Constitución Española, la Soberanía Nacional y la Unidad de España».