Los manifestantes de Galapagar brindan por el archivo de la querella que les puso Pablo Iglesias

Los manifestantes que cada día acuden a protestar en Galapagar han celebrado este viernes con un brindis la decisión del juez de archivar la querella que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interpuso contra ellos.

Uno de los asistentes, ha dedicado al líder de Podemos el siguiente saludo: «¡Viva el Rey, bolivariano, aquí estamos brindando por tu querella! ¡Viva el Rey!» Y ha añadido lo siguiente, con sorna: «El bolivariano se querella contra la gente que grita Viva España, y sus querellas se archivan».

El vicepresidente Pablo Iglesias interpuso contra uno de los manifestantes, Miguel Frontera, una querella por manifestarse frente a la puerta de su casoplón de Galapagar, que ahora permanece blindado por la Policía Nacional durante las 24 horas del día.

Iglesias pedía para este vecino de Brunete, que cada día se desplaza a Galapagar con su bandera española, una pena de hasta 14 años de cárcel como autor de seis presuntos delitos: acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Un juez acaba de dictar el sobreseimiento provisional y archivo de la querella.

El digital de Podemos, que dirige la asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, ha señalado reiteradamente a este ciudadano particular Miguel Frontera, difundiendo todo tipo de datos personales como la ubicación y características de su vivienda de Brunete, su vehículo y el colegio en el que estudian sus hijos.

El juez también ha archivado la querella que la ministra de Igualdad, Irene Montero, puso contra la contra la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez, a la que acusó falsamente de acoso y coacciones por asistir a las caceroladas.

Ahora los manifestantes, cansados de recibir falsas denuncias del vicepresidente Pablo Iglesias han decidido denunciarle ante el Juzgado por coacciones, falsa denuncia con el agravante de cargo público y vulneración de derechos fundamentales (como la libre circulación y la libertad de expresión).