Maduro aprueba el tope al precio de los alimentos, a la vez que Sánchez se lo piensa

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 19/12/2022 06:54
  • Actualizado: 19/12/2022 08:04

El Gobierno tiene encima de la mesa varias propuestas para intentar aliviar el impacto del alza desbocada del precio de los alimentos, con un aumento del 15,3% en el último mes. Entre ellas, una medida que ya se planteó hace meses y generó entonces una fuerte polémica, el control del precio de los alimentos. La propuesta no está descartada y en ella insiste la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Está comprobado que el tope al precio de los productos básicos podría acarrear consecuencias como el desabastecimiento de determinados productos o el auge del mercado negro. Así ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, un país que vive un alza incesante de los alimentos y, precisamente, ha recuperado esta misma medida hace sólo unos días.

El régimen venezolano lleva practicando este sistema desde hace décadas, en concreto, desde el decreto 2.304 del dictador Chávez, donde se fijaban los precios de 45 bienes y servicios de primera necesidad. El mecanismo de controles de precios a los principales productos de la cesta básica ha sido símbolo del chavismo desde 2003. El propio Gobierno venezolano llegó a asumir el evidente fracaso de ese control, que a lo largo de los años se ha mantenido sin embargo en mayor o menor medida. Hace cuatro años, el control se fue relajando hasta que, con la llegada de la pandemia, se suprimió. Hace unos días, y en un escenario explosivo de inflación, Maduro aprobó un nuevo tope que afecta a productos básicos «de consumo masivo», como el pollo, los huevos, el aceite, la pasta, la harina o el azúcar. También se incluyen otros, como la mayonesa, el ketchup, el atún enlatado o las sardinas.

La medida ha provocado las críticas y preocupación, especialmente entre comerciantes y empresarios de hostelería porque la experiencia ha demostrado que el control de precios lleva al desabastecimiento. «Se trata de una intervención artificial en el mercado que traerá consigo,  inevitablemente, las distorsiones ya conocidas por los venezolanos, como escasez de productos regulados», ha alertado la ONG venezolana Centro de Difusión del Conocimiento. Es una medida a la desesperada, con la que Maduro trata de ocultar el fracaso evidente de sus políticas monetarias. En años anteriores, la medida ocasionó graves carencias y obligó a los venezolanos a hacer largas colas para comprar productos de primera necesidad.

En España

En España, Yolanda Díaz propuso este control de precios el pasado septiembre pero, tras intentar alcanzar un acuerdo con las empresas de distribución, las patronales lo rechazaron de plano. La pasada semana, la ministra intensificó el ataque a los supermercados, retomando esa propuesta de una cesta básica de la compra con precios topados. En concreto, Díaz señaló que las superficies que no ofrezcan esas cestas de la compra a las familias no puedan repartir dividendos. El Ejecutivo no se ha puesto aún en contacto con las cadenas de distribución para evaluar otra vez esa medida.

La propuesta de Díaz, según explicó hace tres meses, consistía en fijar el precio máximo de entre 20 y 30 alimentos básicos. «No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia», explicó la ministra. Entonces, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró estar en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable». Ahora, sin embargo, Planas considera «lógico» que se «actúe sobre los precios alimentarios».

PSOE y Podemos negocian actualmente varias propuestas. Sobre la mesa está también la creación de un cheque, por un importe de hasta 500 euros, para comprar alimentos. La idea es que esas medidas se presenten antes de que finalice el año, en el marco del nuevo real decreto frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Podemos también quiere aplicar un impuestazo del 33% para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de supermercados.