El Gobierno de Pedro Sánchez prepara el tope al precio de los alimentos sin contar con las empresas de distribución. Finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha salido con la suya en la batalla para limitar el precio de la cesta de la compra y, tras semanas de negociaciones, el Ejecutivo Pedro Sánchez ya está elaborando una serie de medidas para implantar el tope al precio de los alimentos antes de que acabe el año.

Sin embargo, quedan menos de tres semanas para que finalice 2022 y el Gobierno aún no se ha puesto en contacto con ninguna de las principales asociaciones que representan a los supermercados y a las empresas de distribución, según informan fuentes del sector a OKDIARIO.

«No tenemos más detalles sobre las medidas que quiere lanzar el Gobierno, más allá de los anuncios que han hecho públicos. Veremos en qué queda todo esto», explican desde una de las asociaciones de empresas de la distribución.

El pasado mes de septiembre, Díaz dijo que su intención era fijar el precio máximo de entre 20 y 30 alimentos básicos. «No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia», explicó la ministra. En ese momento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró estar en contra de esta medida, al considerar que fijar un precio en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco «deseable». Sin embargo, sólo tres meses después Planas ha dado marcha atrás y se ha pronunciado a favor de actuar directamente sobre los precios de los alimentos.

Impuesto

El límite al precio de los alimentos no es el único «problema» al que se pueden enfrentar las empresas de la cadena de la distribución alimentaria, puesto que Podemos va a proponer a PSOE un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados, con un tipo del 33% sobre sus márgenes, y dirigido como efecto «disuasorio» para que estas cadenas no eleven los precios de la cesta de la compra.

En este sentido, fuentes de la distribución aseguran: “La mayor parte de las empresas del sector tienen un margen entre el 1% y el 3%, es una cifra muy baja. Esto es porque los productos que vendemos tienen un margen muy pequeño y nuestro negocio está en el volumen. Ganamos muy poco con cada producto, pero vendemos muchos, ese es el secreto”.

Además, matizan que la cuenta de resultados es muy ajustada por el margen y si a eso se suma un incremento desproporcionado del coste de la energía y una limitación del precio de algunos productos se pone en peligro la rentabilidad del negocio.

Por ello, desde el sector insisten en que el Gobierno podría poner en marcha otras medidas mucho más eficientes para solucionar esta crisis inflacionista, que también afecta al comercio. «Una reducción de los tipos impositivos de IVA para los productos de alimentación favorecería ese ahorro a las familias ya que pagarían menos impuestos por la compra de productos de alimentación. En función del tipo de producto se puede estar pagando un incremento del 21%, el 10% o el 4% sobre el coste», explican.

Asimismo, aclaran que de llevar a cabo esta medida «no se vería afectada la recaudación tributaria ya que se mantendría a niveles previos a la escalada inflacionista. Mantener los actuales tipos de IVA en estos tiempos difíciles está aumentando la recaudación».