El diputado Daniel Ortiz se niega a dimitir si es imputado pero Cifuentes lo echará en el acto

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El ex alcalde de Móstoles y actual diputado autonómico del PP Daniel Ortiz

El ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz ha comunicado a la dirección regional del PP que no tiene intención de dimitir como diputado autonómico, pese a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que valore si debe ser imputado.

En su escrito, el juez instructor del caso Púnica sostiene que Ortiz adjudicó un contrato irregular de 73 millones de euros a la multinacional Cofely, a cambio de una mordida que podría superar los 250.000 euros.

Por ello, indica el magistrado, Ortiz podría haber incurrido en los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

El código ético de Cifuentes

Después de que trascendiera la noticia, Daniel Ortiz ha advertido a la dirección regional del PP que no piensa abandonar su escaño en la Asamblea de Madrid. Ha defendido su inocencia y ha argumentado que quiere declarar ante el juez con la intención de demostrar que no tuvo ninguna implicación en la adjudicación de contratos irregulares durante su etapa como alcalde.

Sólo si tras su declaración el tribunal establece contra él medidas cautelares, se planteará la posibilidad de dimitir como diputado autonómico.

Daniel Ortiz tiene otro motivo para adoptar esta posición. Dado que es aforado, sólo puede ser procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En caso de abandonar su escaño, perdería esta condición y estaría sometido a la jurisdicción ordinaria. Por tanto, tendría que responder ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, del que puede esperar un trato mucho más riguroso.

En cualquier caso, la dirección regional del PP no está dispuesta a aceptar esta postura. El código ético establecido por la presidenta Cristina Cifuentes establece claramente que cualquier cargo público debe dimitir de forma inmediata si es imputado en una causa por corrupción.

Peligra la mayoría del PP en la Asamblea

Por tanto, si Ortiz es imputado por el TSJM y no renuncia automáticamente a su escaño, la dirección del PP aplicará su código ético sin esperar ni un minuto: suspenderá de militancia al ex alcalde, le abrirá un expediente disciplinario y pondrá en marcha su expulsión del Grupo Popular, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de Móstoles.

Todo ello podría tener un importante daño colateral, ya que podría llevar al equipo de gobierno de Cifuentes a perder la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. El pacto suscrito entre los populares (48 diputados) y Ciudadanos (que aporta otros 17) suma actualmente 65 escaños, justo la cifra que arroja la mayoría absoluta.

El pacto de gobierno quedaría en minoría, con sólo 64 diputados, si Daniel Ortiz se aferra al escaño y es expulsado al Grupo Mixto.

Pese a ello, la presidenta Cristina Cifuentes ha hecho saber a su equipo que será inflexible en la aplicación del código ético, que responde a su compromiso personal contra la corrupción.

Amañó el concurso a favor de Cofely

De momento, el juez Eloy Velasco ha dado el primer paso para que Daniel Ortiz sea imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como aforado.

El escrito del instructor señala que existen indicios de que Ortiz amañó un concurso público, facilitando información a Cofely España, para que pudiera hacerse con el contrato de 73 millones de euros para el mantenimiento integral de los servicios energéticos de todos los edificios municipales y escuelas de Móstoles.

Para ello, indica el magistrado, estableció “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”.

En esta estrategia habrían tomado parte tanto el ex vicepresidenta de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, hoy en prisión, como David Marjaliza, que actuaba como asesor comercial externo de la empresa.

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