Madrid exige que Franco rinda cuentas y no se escude «en el burladero del sobreseimiento» del 8-M

La juez Carmen Rodríguez Medel ha decidido archivar provisionalmente la causa que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M. El Gobierno de la Comunidad de Madrid cree que esto no exime a Franco de «su obligación»  de rendir cuentas en el ámbito político.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en declaraciones a los medios, ha defendido que el delegado del Gobierno no debe escudarse «en el burladero del sobreseimiento» de la causa penal y debe dar explicaciones en el seno político.

Al respecto, ha recalcado que la investigación judicial pone de manifiesto que desde la Comunidad de Madrid se ha colaborado en «todo aquello» que requirió la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

«Debemos distinguir la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Esta investigación ha puesto de manifiesto que el Gobierno tenía el conocimiento a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias de la gravedad de la pandemia que se cernía sobre España», ha reseñado.

López ha reprochado que el Gobierno actuará «tarde» y ha destacado que la Comunidad «no estaba equivocada ni erraba cuando fue la primera que adoptó medidas de restricciones de la actividad para combatir el coronavirus».

«Hay que tener muy claro que no hay que confundir responsabilidad penal y política. Esta segunda ha de ser exigida en todo caso y con todos los instrumentos de los órganos adecuados. En el ámbito penal rige el principio de presunción de inocencia y en el político, rige la obligación de a rendir cuentas siempre y nadie puede excusarse en el burladero del sobreseimiento de la causa penal para dar explicaciones políticas. Y eso lo ha de tener en cuenta el Gobierno», ha aseverado.

El archivo de la causa

Se acabó la causa judicial del 8-M, la manifestación feminista que inundó de gente el centro de Madrid en plena expansión del coronavirus. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el archivo provisional del caso al considerar que no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En un escrito de 51 folios, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada expone que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, pidió por escrito al delegado del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo que prohibiera o impusiera condiciones o precauciones por razón de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a la celebración de las manifestaciones y concentraciones».

La juez afirma que Franco «se ha limitado a tomar conocimiento de la concentración» y durante su labor «exigía las condiciones en las que las mismas deben tener lugar». Por ello, considera que el delegado socialista ha modulado las resoluciones sobre el derecho de reunión con «precaución».

Sin embargo, estas medidas no estaban relacionadas con temas» derivados de la crisis sanitaria» ni tampoco se les transmitió a los manifestantes normas para la «prevención del incremento del riesgo de contagio». El delegado del Gobierno defendió esta postura durante su declaración en calidad de imputado alegando que no tenía «competencias en Sanidad».

Durante los días del 5 a al 14 de marzo la Delegación del Gobierno no se opuso a la celebración de 157 concentraciones en la Comunidad de Madrid. En la horquilla temporal del 10 al 12 de marzo la Delegación del Gobierno tomó conocimiento de nuevas manifestaciones sin oponerse a ellas, pese a que el delegado aseguró a la juez que el día 9 –un día después de la concentración feminista– se «concienció» de la gravedad de la crisis sanitaria, al percatarse que habían aumentado los casos un 1.800%.

Imprudencia de Franco

La magistrada apunta a la imprudencia de Franco por seguir permitiendo manifestaciones «incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud) (…) sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna». «Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020», concluye la juez.

El delegado también fue advertido del riesgo por otros funcionarios. El secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, y mano derecha del delegado socialista, confesó a la juez del 8-M que informó personalmente a José Manuel Franco de la comunicación remitida el2 de marzo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que se aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios.

Asimismo, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, farmacéutico titular del Estado que elaboró el informe que aconsejaba a los trabajadores del organismo mantener la distancia de seguridad para evitar contagios, declaró a la juez que «yo no hubiera autorizado la manifestación feminista».

Sin embargo, la juez concluye que durante los días objeto de la investigación los expedientes de la Delegación del Gobierno siguieron «un proceso muy automatizado» orientado en la defensa de «un derecho fundamente como la manifestación», «no consta que existiera una alerta clara y técnica sobre el citado riesgo» y tampoco tiene conocimiento de que «existiera una especial diligencia a la hora de informarse técnicamente sobre los riesgos para la salud pública derivados del COVID-19 como consecuencia de la proximidad física inherente a las concentraciones y manifestaciones multitudinarias».

Archivo provisional 

La magistrada ha archivado sólo de manera provisional la causa del 8-M después de que la Fiscalía solicitase este jueves, por segunda vez, dar carpetazo a las actuaciones. Sin embargo, rechaza  la petición de la Abogacía del Estado de que el sobreseimiento dictado sea definitivo.

Las partes pueden recurrir ante el Juzgado de Instrucción 51 y ante la Audiencia Provincial. Además, al tratarse de un archivo provisional podrían reactivarse las diligencias si la magistrada recibiera nueva información de interés para la causa que demostraran el delito por el que ha sido imputado Franco.