La Generalitat desobedecerá al Gobierno ratificando la ‘Ley antidesahucios’ recurrida ante el TC

La Generalitat busca aplicar la Ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética, más conocida como ‘Ley antidesahucios’ pese a estar recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha informado sobre la reunión parlamentaria que ha tenido lugar este martes para «encontrar la fórmula para aplicar lo que el Tribunal Constitucional ha suspendido».

Desde el Govern lo anuncian sin pudor y explican que buscan la manera de aplicar en concreto la parte de la norma que el Gobierno recurrió al alto tribunal donde se obliga a los bancos a ceder pisos vacíos y renegociar la deuda de los desahuciados, conocida como «segunda oportunidad». La misma norma que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que invadía «competencias» al Ejecutivo central.

El Govern recuerda que la Ley fue promovida a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la propia Plataforma Antidesahucios (PAH) y aprobada por unanimidad por todas las fuerzas del Parlament. Precisamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha reunido en la mañana de este martes con la PAH y otros colectivos sociales, encuentro en el que le han dado algunas ideas para sortear los obstáculos del alto tribunal y aplicar dicha norma.

La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, animó «a usar la legislación que sí que está vigente para seguir actuando» contra los desahucios y la pobreza energética. Colau hizo referencia tanto a la anterior Ley de Vivienda de 2007, que permite sancionar las malas prácticas en materia de vivienda, como a los artículos de la Ley 24/2015 que aún siguen vigentes para hacer frente a la pobreza energética. Además, ha emplazado a la Generalitat a sumar esfuerzos en esta emergencia social.

«La Generalitat aún no ha aplicado las sanciones que la anterior Ley de Vivienda ya permitía aplicar», dijo Colau para explicar que otros ayuntamientos de Cataluña sí lo han hecho. También señaló que la Generalitat no ha participado en los convenios que las administraciones públicas deben desplegar para corresponsabilizar a las suministradoras para evitar los cortes de suministros básicos, como contemplan los artículos vigentes de la ley 24/2015. Por ello, ha defendido sumar esfuerzos entre Ayuntamiento y Generalitat para «tener mucha más fuerza delante de bancos y suministradoras».

La alcaldesa Colau llama a la desobediencia llamando a las administraciones públicas y diciendo: «Tenemos que ponernos al lado de las entidades sociales y usar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, todas las competencias y los recursos, para mantener la práctica que nos estaba permitiendo esta ley».

En su reunión, Puigdemont solicitó directamente al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no la impugnara y, si lo hacía, que no pidiera su suspensión cautelar, pero finalmente el viernes de la semana pasada la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el recurso contra algunos de sus artículos y pidió la suspensión. El Gobierno alegó que su recurso no se dirige contra que la Generalitat legisle ni contra el contenido de la Ley, sino, contra aspectos procesales que invaden competencias al Gobierno central. Sáenz de Santamaría recordó que por este hecho el Ejecutivo también ha recurrido leyes a Andalucía, y les advirtió que «la Ley tiene que ser igual para todos los españoles».

Sin embargo, Puigdemont siguió ‘erre que erre’ con su discurso asegurando que «han querido dejar a la intemperie a muchas familias vulnerables» y consideró una decisión política llevar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). Por su parte, ERC ha pedido que el Parlament ratifique la ley pese al recurso ante el TC, mientras que el PP y C’s han considerado que el Govern puede desarrollar la lucha contra la pobreza energética pese a los artículos impugnados.