Un juzgado da 10 días al Ayuntamiento de Sant Cugat para retirar la estelada que erigió en una plaza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Barcelona ha acordado la ejecución provisional de forma «inmediata» de la sentencia del 22 de julio de 2015, por la que se estimó íntegramente un recurso interpuesto por Sociedad Civil Catalana (SCC) para la retirada de una estelada colocada en la plaza Lluís Millet de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ante el Ayuntamiento y por parte del mismo consistorio.

Según ha informado en un comunicado SCC, el auto da 10 días al consistorio para comunicar al Juzgado el cumplimiento de la orden de retirada de la bandera independentista y desestima las alegaciones del Ayuntamiento, que se oponía a la ejecución por entender que la misma causaría «perjuicios irreparables» como la limitación injustificada del deber y derecho de expresión de los cargos municipales, decreta el auto.

El auto, recogido por Europa Press, señala que son los ciudadanos y no las instituciones públicas, los que «gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión», y subraya la limitación del derecho y deber de la libertad de expresión de los cargos electos municipales.

Requerimiento de residentes

SCC ha remarcado que el inicio del proceso judicial se debe a la negativa del Ayuntamiento a aceptar el requerimiento que «un numeroso grupo de residentes en Sant Cugat» dirigió a la alcaldesa para que retirase la estelada, tras ordenar que se colocara en un mástil instalado en la plaza de Lluís Millet.

Los integrantes de la agrupación de Sant Cugat de SCC «velarán para que se dé correcto cumplimiento por parte del Ayuntamiento del auto del Juzgado», y con este objetivo exigen públicamente al Consistorio que no agote el plazo de 10 días y proceda a retirar la bandera sin demoras y sin maniobras obstruccionistas.

La entidad ha celebrado como «un triunfo de la democracia y del pluralismo» la desaparición de la estelada de los espacios públicos de Sant Cugat del Vallès, y ha lamentado que la corporación municipal judicialice su acción de gobierno con su empecinamiento en adoptar prácticas claramente ilegales, ha considerado.

SCC ha solicitado que se retire el recurso de apelación que ha presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y ahorre a los ciudadanos el pago de las costas procesales a los que «inevitablemente será condenado el Ayuntamiento en el caso de perderlo».