Bolaños quiere poner tres jueces de instrucción en las «causas sensibles» para evitar «otros Peinado»

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quiere poner tres jueces en determinadas instrucciones judiciales sensibles para intentar evitar instructores incómodos para el Gobierno por hacer su trabajo como Juan Carlos Peinado.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE el pasado 2 de enero de 2025, empieza a implantarse progresivamente en los tribunales españoles. Se trata de uno de los proyectos legislativos estrella del PSOE impulsado desde el ministerio que dirige Félix Bolaños. 

Distintos juristas han cuestionado esta nueva ley que, en vez de facilitar su trabajo, lo cambia por completo. De este modo, en el Ministerio de Justicia se están sucediendo distintas reuniones para abordar cómo se debe implantar la nueva ley de forma efectiva.

Uno de los puntos más sensibles es el artículo 84, que indica que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital, de la que tomará su nombre.

En el apartado 6 de este artículo, el legislador señala que en el Tribunal de Instancia se podrá nombrar a dos de sus jueces para que, junto con aquel o aquella a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional.

«Parece que esta modificación tiene nombres y apellidos para controlar a jueces como Peinado, Puente o Beatriz Biedma», explican fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, a la vez que insisten en que no está debidamente acotado en qué determinados procedimientos se debe hacer esto.

Las mencionadas voces también inciden en que el instructor que por turno conociese la causa desde el primer momento perdería la mayoría si los otros dos jueces se pusieran en contra de sus resoluciones. No obstante, desde el Ministerio de Justicia insisten en que el ponente seguiría siendo el instructor principal.

La ley de Félix Bolaños también prevé que los tres jueces «conocerán el procedimiento hasta su completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo otros asuntos». Por lo tanto, los instructores que se designen tendrán acceso completo al sumario, además de hacerse cargo de los asuntos de su juzgado.

Designados a dedo

El nombramiento de los dos jueces nuevos dependerá del presidente del Tribunal de Instancia y, en última instancia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos cargos dependen de nombramientos de los partidos políticos.

El Gobierno ha defendido que estos dos nuevos jueces supondrán un avance relevante en cuanto a la unificación de criterios judiciales, al aumento de la seguridad jurídica y que se podrá repartir la carga de trabajo en los tribunales.

Los jueces son más escépticos y aseguran que la implantación no será sencilla ya que, en ocasiones, se duplica el trabajo.

La ley de Bolaños en los tribunales

La Comunidad de Madrid anunció que llevaría al Gobierno central ante los tribunales por la falta de financiación y desarrollo de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de Félix Bolaños.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó que el Estado tiene la obligación, según las normas del sistema de financiación autonómica y el principio de lealtad institucional, de establecer mecanismos para evaluar el coste de aplicar medidas legislativas.

Según ha informado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa, esta obligación es esencial para que las comunidades afectadas conozcan el impacto económico y puedan proponer, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las medidas oportunas para sufragar y compensar esos gastos.

El consejero autonómico ha denunciado que se trata de una norma elaborada sin contar con las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia y la responsabilidad última de ejecutarla, ni tampoco con el Poder Judicial.

Miguel Ángel García Martín ha asegurado que esta medida supondrá para el Gobierno autonómico un gasto adicional de 43 millones de euros.

Por todas estas razones, el Ejecutivo madrileño ha pedido diversas reuniones con Félix Bolaños además de que se convoque la Conferencia Sectorial de Justicia. En este encuentro las comunidades autónomas podrán trasladar sus necesidades al Ministerio de Justicia.