Marchena confirma que el juicio del 1-O empezará en torno al 5 de febrero como adelantó OKDIARIO

El presidente del tribunal que enjuiciará el ‘procés’ independentista en Cataluña, Manuel Marchena, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que el juicio arrancará en fechas próximas al 5 de febrero, como ya avanzó OKDIARIO. El alto tribunal apuesta por un calendario de «jornadas intensivas» en sesiones de mañana y tarde, con señalamientos martes, miércoles y jueves.

Mediante el oficio cursado hoy, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concreta lo señalado hace unas semanas a Interior, cuando le requería que organizase el traslado de los líderes golpistas catalanes, actualmente en prisión provisional, en la última semana de enero, para garantizar su paso a disposición judicial y su presencia en las vistas declarativas.

En este sentido, y como también adelantaba este diario, dicho traslado se producirá de noche y bajo custodia de la Guardia Civil, que es la autoridad competente para dicho cometido. Además, también ha sido activado el dispositivo policial que será necesario para cubrir las inmediaciones y exteriores de la sede del Supremo durante los señalamientos.

Mientras, la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel llamaba ayer al levantamiento del independentismo catalán contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo desde su dorado ‘exilio’ en Suiza: «Tendremos que levantarnos -cada uno desde su lugar, cada una desde nuestras posibilidades- pero alzarnos para denunciar», afirmó en una carta dirigida a la militancia.

Por su parte, el Govern de Torra ha confirmado que acudirá al juicio por el 1-O en el Supremo y reducirá al mínimo la actividad gubernamental. La estrategia del Govern, que pasa por la asistencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y varios de sus consejeros a las jornadas del juicio que se celebren en el alto tribunal, obligará a cambiar la rutina del ejecutivo catalán. Permanecerán mas días en Madrid  que en Barcelona, tal y como aseguran fuentes del Govern, y eso obligará a reducir al mínimo la actividad de gestión administrativa ordinaria, que contempla actuar en los casos de urgencia, evidenciando así la anormalidad que denuncia el separatismo.