El juicio contra los golpistas del 1-O en el Supremo se retrasa hasta mediados de enero

El Tribunal Supremo espera comenzar el juicio oral contra los golpistas catalanes a mediados del mes de enero del próximo año 2019.

El juez instructor Pablo Llarena acordaba en julio la conclusión del sumario de la causa del ‘procés’ respecto a los procesados no fugados. Además, declaraba en rebeldía a los huidos de la justicia y suspendía de funciones como cargo público a Carles Puigdemont y a los otros 5 diputados procesados por delitos de rebelión: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, este lunes finalizaba el plazo para que las defensas presenten sus alegaciones sobre la conclusión de la instrucción del sumario. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX ya han solicitado la apertura del juicio oral, siguiente fase de la instrucción en el sumario ordinario donde las partes presentan sus escritos de acusación y defensa.

Estas mismas fuentes esperan que el juicio sobre el independentismo catalán se inicie a mediados de enero, concretamente en la segunda o la tercera semana, aunque las cuestiones previas se pudieran despachar antes de navidad. «El inicio de las sesiones del juicio no tendría sentido que comenzará a finales de diciembre y que tuviera que aplazarse a los pocos días por las vacaciones» aseguran.

Precisamente, la Sala Segunda del Supremo en una providencia del lunes subrayaba la “estrategia dilatoria” de la defensa de Junqueras y Romeva, “contraria al derecho de los encausados a un proceso sin dilaciones indebidas”. El Alto Tribunal rechazaba así tramitar el recurso de súplica para ampliar nuevamente el trámite de instrucción a las partes tras la conclusión del sumario dictada por el magistrado Pablo Llarena.

Una vez se decrete la apertura de juicio oral, la Fiscalía remitirá al Supremo el escrito de acusación en el que se calificarán los delitos presuntamente cometidos por los políticos independentistas. Tal y como ha trascendido en las últimas semanas, el Ministerio Público mantendrá la acusación inicial de rebelión.

Mientras tanto, la Fiscalía no se plantea pedir la excarcelación de los golpistas catalanes antes del juicio, a pesar de las presiones públicas recibidas desde el Gobierno de Pedro Sánchez. A día de hoy, el Ministerio Público no estudia modificar la medida cautelar impuesta en su día a los políticos independentistas por estar cerca el juicio oral y aumentar el riesgo de fuga.

Un sencillo y potente argumento respalda la posición de la Fiscalía, hay 7 procesados fugados declarados ya en rebeldía que no podrán ser juzgados: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Anna Gabriel y Marta Rovira. En este sentido, según se aproxima la fecha de apertura del juicio, el riesgo de fuga se incrementa sustancialmente y de hecho, 7 de los procesados ya se han escapado a la acción de la justicia.

Los nueve políticos independentistas en prisión preventiva tras ser procesados por rebelión son: los exconsellers de Presidencia, Jordi Turull; Interior, Joaquim Forn; Exteriores, Raül Romeva; Territorio, Josep Rull; Trabajo, Dolors Bassa; el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el expresidente de ANC, Jordi Sánchez; el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El escrito de acusación más cerca

La Fiscalía prevé presentar su escrito de acusación en la que calificarán los presuntos delitos que deberán ser probados durante el juicio en un plazo aproximado de dos semanas si el Supremo da por cerrada la instrucción de la causa.

Previsiblemente, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal Supremo emplace al Ministerio Público en este tiempo para que haga efectivo dicho escrito de acusación, disponiendo de un plazo de 5 días. Después, las defensas contarán con 10 días, que podrían ser prorrogables, para presentar sus respectivos escritos.

La Fiscalía mantendrá el delito de rebelión, que defienden los 4 fiscales que han trabajado en la causa y el propio juez instructor. En este contexto, la fiscal general del Estado, María José Segarra, no sólo apoyaría mantener el delito de rebelión contra los golpistas en el escrito de acusación, en sintonía con los fiscales de Sala del Supremo, también sería partidaria de las tesis jurídicas más contundentes y firmes contra los procesados.