El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por el ‘caso Lezo’

El magistrado Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del ‘caso Lezo’ sobre la adquisición de manera fraudulenta de Inassa y Emissao, filiales del Canal de Isables II. En el banquillo se sentarán un total de 29 personas, entre las que se encuentra el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La fiscal anticorrupción Ana Cuenca solicitó, en el escrito de acusación, para González ocho años de prisión y 19 de inhabilitación por la compra de Emissao. García-Castellón en este auto remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma las pesquisas realizadas por la representante del Ministerio Público que considera que el ex presidente lideró una trama al cobrar 4 millones de euros en ‘mordidas’, según ha adelantado Vozpópuli y ha podido confirmar OKDIARIO por fuentes jurídicas.

En la pieza primera, donde se investiga la compra de Inassa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivó la causa que seguía contra Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González en el marco de esa investigación. Este último porque aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de la sociedad colombiana.

Otros acusados

El juez también ha decidido enviar a juicio, en un escrito sobre el que no cabe recurso, al ex presidente de Inassa y mano derecha de González, Edmundo Rodríguez Sobrino, para quien la Fiscalía solicita 7 años de cárcel; y los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo para quienes el Ministerio Público solicitaba en el escrito de acusación de junio de 2019, 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal explicaba que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo «plagada de ilicitudes», ya que supuso «una salida indebida de fondos públicos» de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al «sobreprecio pagado en su adquisición».