España
TRIBUNALES

El juez rechaza citar a los afectados por Abengoa que denunciaron irregularidades en los contratos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado citar a declarar en calidad de testigo a cinco miembros de la plataforma Afectados por Abengoa tal y como solicitaba la multinacional sevillana

La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla para buscar pruebas de falseamiento de cuentas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado citar a declarar en calidad de testigo a cinco miembros de la plataforma Afectados por Abengoa tal y como solicitaba la multinacional sevillana. En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor expone que «no ha lugar a las citadas diligencias» porque son «inútiles e intranscendentes» en la fase de Instrucción.

El representante legal de Abengoa presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional en el que solicitaba la testifical de cinco miembros de la plataforma querellante con el fin de averiguar si realmente son perjudicados en esta causa judicial. Se trata de un requisito fundamental para ejercer la acusación particular en un procedimiento penal. En el caso de no cumplir esta condición la asociación debería personase como acusación popular.

Para comprobar tal extremo, la multinacional pidió al juez que se comprobase que cinco personas de la citada asociación «hayan adquirido de Abengoa algún producto financiero, acciones, bonos, o cualquier otro de captación de inversión, en el período concernido (2014- 2016), debiendo requerírseles para que, previamente al día de señalado para su declaración, aporten el documento o documentos que soporten la operación u operaciones», según subrayaba en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Además, el letrado de Abengoa explicaba que no podía «designar nominalmente a ninguno de ellos al serle totalmente desconocidos». Por ello, del mismo modo, solicitaba que el Juzgado requiriese a la plataforma que aportase  «un listado de todos los bonistas querellantes entre los cuales se seleccionarán a los deponentes».

«Inútiles e intranscendentes»

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 expone en su auto que «en el presente caso, el juez instructor ha acordado la práctica de múltiples diligencias de investigación a lo largo de la tramitación de la presente causa que tienen por objeto averiguar si las cifras que reflejaban las cuentas anuales y estados financieros intermedios de Abengoa y anunciadas por sus administradores antes de su colapso financiero, que en noviembre de 2015 le llevó a presentar la solicitud de pre-concurso, son presuntamente contrarias a la realidad financiera económica de la compañía».

Sin embargo, el juez considera que las diligencias solicitadas por la empresa investigada «conducirían a una dilación indebida del procedimiento» y no ayudan a clarificar los hechos que se investigan en esta causa.

Por ello, el magistrado manifiesta –en línea con el Ministerio Fiscal– que: «Son diligencias que carecen de los requisitos exigidos por la jurisprudencia, el de la pertinencia y el de la relevancia, y por todas estas razones, toda vez que la inutilidad de la diligencia propuesta resulta de la desestimación de su pretensión por parte de Abengoa de no ser imputada en las presentes actuaciones, no pueden recibir otro tratamiento diferente al desestimatorio».

El magistrado no rechaza que esa petición pueda realizarse en otra fase distinta a la instrucción (fase de investigación) en el procedimiento penal. Ismael Moreno recuerda: «En todo caso la denegación de pruebas interesadas, en esta fase de instrucción por su inutilidad e intranscendencia, nada impide que no pueda instarse su práctica para la fase de plenario para que la Sala juzgadora resuelva lo procedente acerca de su pertinencia o no».

Abengoa está investigada en esta causa por presunta comisión de delitos societarios de los previstos en los artículos 252.2, 282 bis, 284, 285, 290 del Código Penal, en concreto: delito de administración desleal, delito de falseamiento de documentos de la sociedad, así como delito de falseamiento de información económico financiera. Entre los imputados se encuentra el ex presidente de la compañía Felipe Benjumea Llorente y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.