El juez prohíbe al ex presidente del PP de Palma acercarse a menos de 300 metros de la Policía Local

El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva ha prohibido este viernes al ex presidente del PP de Palma José María Rodríguez acercarse a menos de 300 metros de la Policía Local y de algunas dependencias del ayuntamiento, en el marco de las investigaciones por una presunta trama corrupta en este cuerpo policial. Rodríguez, que dimitió el 4 de julio de sus cargos en el partido, ha declarado este viernes durante dos horas como investigado ante el juez y ha negado toda implicación con la supuesta trama corrupta.

Al finalizar la declaración, el juez Penalva ha dictado un auto en el que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, prohíbe a Rodríguez acercarse a menos de 300 metros del Ayuntamiento de Palma, aunque ha limitado dicho alejamiento a la Policía Local y las dependencias de Actividades y Urbanismo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El juez también prohíbe a Rodríguez acercarse a menos de 300 metros de cuatro personas, tres testigos y un imputado, y comunicarse directa o indirectamente con ellos por cualquier medio. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que cite a declarar, en calidad de investigado, al diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento de Palma del PP Álvaro Gijón (en la oposición), pero el magistrado no ha adoptado aún ninguna decisión al respecto.

En su declaración ante el juez, Rodríguez ha negado haber exigido jamás dinero para facilitar trámites administrativos o conceder licencias, uno de los asuntos que se investigan en este caso, han informado fuentes jurídicas. El expresidente del PP de Palma, que dimitió el pasado 4 de julio de sus cargos en el partido, ha negado que sea cierto lo que dijo un testigo de que él influía en la concesión de licencias y permisos de actividad en Palma.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el que fuera conseller de Interior en el Govern que presidía Jaume Matas entre 2003 y 2007, y delegado del Gobierno entre diciembre de 2011 y julio de 2012, ha negado haber ordenado a policías o investigadores privados hacer seguimientos a jueces, fiscales o políticos.

También ha negado tener vínculos comerciales o empresariales con grupos de ocio de la Playa de Palma, ni amistad con empresarios del ramo y ha dicho que supo por la prensa de la existencia de supuestas fiestas a la que asistían cargos públicos y policías en clubes de alterne.