El juez ordena una auditoría de la Intervención General sobre los 1,6 millones malversados por el PSOE de San Martín

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha ordenado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que realice un informe de auditoría sobre los fondos municipales presuntamente malversados en San Martín de Valdeiglesias durante el mandato del equipo de Gobierno del PSOE entre 2014 y 2019.

La resolución firmada por el letrado de la Administración de Justicia Luis Díaz Fernández que desvela OKDIARIO supone un nuevo escalón en una instrucción que ya acumula siete años de investigación policial y judicial bajo el nombre de Operación Pantano.

La diligencia de ordenación remite a la IGAE el oficio policial elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Madrid, como base documental para el trabajo pericial. La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada, en su escrito de 13 de abril de 2026 había manifestado expresamente que no se oponía a ese traslado.

Según el informe conclusivo de la Guardia Civil que desveló en exclusiva OKDIARIO, los investigadores han cuantificado en 1.628.897 euros la suma ordenada en pagos derivados de «contratos irregulares objeto de prevaricación», con el mayor incremento de transferencias de dinero público registrado entre 2017 y principios de 2019.

El documento policial señala que los mecanismos de control habrían sido «supuestamente desplazados mediante los fraccionamientos de contratos menores, los Decretos de Alcaldía por reconocimiento de deudas contraídas, la contratación de personal encubierta, los pagos por anticipo de caja de medida urgente necesidad».

El informe subraya que los órganos de la Intervención Municipal advirtieron de manera reiterada de las irregularidades, pero sus dictámenes fueron ignorados y levantados precisamente mediante esos decretos de alcaldía.

La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de siete años apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la administración y falsedad documental.

La instrucción policial ha sido calificada por sus propios autores como una indagación de especial complejidad, habida cuenta del ingente volumen de documentación analizada.

Los orígenes del caso se remontan al 1 de marzo de 2019, cuando Mercedes Zarzalejo, entonces portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en San Martín de Valdeiglesias, posteriormente alcaldesa del municipio y ahora consejera de Universidades de la Comunidad de Madrid, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia se dirigía contra la entonces alcaldesa, María Luz Lastras Parras, y su equipo de Gobierno.

Tras recorrer distintas fiscalías por razones de competencia, el asunto llegó en junio de 2019 al Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Guardia Civil de Madrid. El 15 de diciembre de 2021 se inició la fase de explotación con entradas y registros simultáneos en el Ayuntamiento, el departamento municipal de subvenciones y las sedes de varias empresas, algunas con vínculos con los familiares de los ediles socialistas.

El castillo de la discordia

Uno de los capítulos más llamativos de la investigación afecta a la Fundación Castillo de la Coracera, entidad semipública cuyo bien dotacional es el propio castillo medieval del municipio. Según los investigadores, la fundación habría servido «de pantalla en contrataciones del Ayuntamiento o financiar obras como el centro de turismo y punto de información del municipio».

El informe policial describe que el castillo fue adquirido «mediante un sistema de permutas de dudosa legalidad y validez» y que sus instalaciones se habrían utilizado para «fiestas o eventos familiares, musicales, bodas y banquetes que se alejan de los fines culturales perseguidos por la fundación», sin que conste control alguno sobre los ingresos en efectivo obtenidos por esos actos.

Mención aparte merece el caso del ingeniero municipal y su mercantil ZM Ingenieros, a quienes la Guardia Civil acusa de haber monopolizado las autorizaciones administrativas de apertura y modificación de locales en el municipio, solicitando los pagos «en efectivo y con un claro ánimo de lucro» e intimidando a los propietarios para que contrataran sus servicios so pena de expedientes sancionadores.

Ahora es la IGAE quien deberá desbrozar las cuentas municipales para establecer si los indicios policiales encuentran respaldo en los números. La auditoría que viene puede ser el documento más incómodo que haya pisado jamás el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.