Un juez multa con 450 euros a dos cabecillas de ‘La Chispa’, un centro okupado hace 9 años en Lérida

Sólo 450 euros de multa. Y además en cómodos plazos de 5 euros al día durante tres meses. Ésta es la sanción que ha impuesto un juzgado de Lérida a los dos cabecillas de la okupación de un inmueble en Lérida, al que dieron el nombre de ‘Centro Social La Chsipa’. A pesar de que en la casa okupada han residido y realizado actividades «cientos de personas», como reconocen los mismos radicales que la usurparon, sólo cuatro personas han sido acusadas por el caso.

El juez ha ordenado el desalojo del edificio, ubicado de la partida de Alpicat, en Lérida, en una sentencia en la que condena a dos personas a pagar una multa de cinco euros durante tres meses, según ha informado el colectivo en su blog.

La sentencia condena también a indemnizar a la empresa inmobiliaria propietaria del edificio por los desperfectos ocasionados en el inmueble, aunque no fija la cuantía, ha publicado este jueves el diario Segre.

El colectivo sostiene que si no fuera por la okupación, que se inició hace nueve años, la casa ya se habría desplomado por su estado de abandono; y que la única intención de la empresa propietaria UA es derruir la vivienda para especular con el suelo, por lo que presentará recurso para «impedir que los condenados se conviertan en cabezas de turco de la okupación de un centro social en el que han participado centenares de personas».

Así, según la página web de los okupas, el juicio se celebró el pasado día 14 de diciembre de 2016. Los radicales se concentraron ante los juzgados con una cacerolada en protesta por lo que consideraban una «judicialización» y la «criminalización» de sus compañeros, por un caso que consideran de mera e «injusta especulación urbanística amparada por la ley». Los otros 2 denunciados tendrán juicio el próximo 7 de marzo.

Los okupas dicen oponerse «a este sistema legal de acumulación de la propiedad y las riquezas en que se defienden los privilegios de los mafiosos más adinerados y se desprecian las necesidades sociales, ecológicas y culturales de la población o zona geográfica». Eso sí, nada dicen del respeto al estado de derecho y a las leyes.