Un juez investiga el dedazo que permitió a Jané designar a Trapero ocultando su mérito y capacidad

El Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona investiga si fue legal el proceso de designación del golpista Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos d’Esquadra en abril de 2017. Lo hace tras admitir a trámite una demanda de un sindicato de los Mossos d´Esquadra constitucionalista, el SPC. Trapero fue cesado por Interior en aplicación del artículo 155 el pasado 27 de octubre en Cataluña. La sentencia se conocerá en un período de entre uno y tres meses y de ser desfavorable, podría significarle perder sus galones.

Una vez celebrada la vista este martes, el juez deberá dilucidar ahora si el nombramiento de Trapero por el entonces conseller de Interior, Jordi Jané, se ajustó a la legalidad. El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) presentó el 6 de febrero un recurso contra la resolución INT/2473/2016 de 3 de noviembre de esa convocatoria para cubrir, por el sistema de libre designación, una plaza de la categoría de mayor de la escala superior del cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

El SPC alega que no se cumplieron las bases de la convocatoria en los procedimientos de ascenso y selección en base a los principios de igualdad, capacidad y mérito. Una demanda que ha llevado el abogado Javier Aranda, quien ha explicado a OKDIARIO los fundamentos jurídicos que han movido al sindicato a judicializar el nombramiento del policía golpista.

Ni titulación, méritos o aptitudes

Así, el letrado del SPC sostiene que «a lo largo de todas las bases no encontramos un solo elemento que indique, ni tan sólo con carácter mínimo, cuáles son los requisitos de titulación, formación, experiencia, preparación, aptitudes, o un mínimo perfil orientativo que se requiera para ser el máximo dirigente del cuerpo de los Mossos d’Esquadra». Y argumenta que, si bien el Tribunal Constitucional avala el uso del sistema de libre designación, «eso no conlleva que los principios de igualdad, mérito y capacidad quedaran exclusivamente constreñidos al ámbito del concurso».

El abogado del caso revela a este diario que «mucho antes de la convocatoria para el puesto ya anunciaban que era para Trapero y que lo habían dado, ya no es que la Generalitat fuera poco discreta sino que actuaron con un enorme descaro», señala.

Por su parte, el abogado de la Generalitat defiende la legalidad del proceso de designación. El SPC pide la anulación de las bases para el cargo de Mayor con «todas las consecuencias legales», lo que podría provocar que Interior retirara los galones a Josep Lluís Trapero en el caso que el juez dé la razón al sindicato.

Tras la celebración de la vista esta semana, el juzgado deberá examinar el asunto y emitir una sentencia sobre si considera que hubo irregularidades en el proceso y lo anula, como solicita el sindicato.

Fue nombrado comisario por el hoy socialista Espadaler

Trapero fue nombrado por Jordi Jané en su etapa al frente de la consejería de Interior y después de un informe favorable del entonces Director General de los Mossos, Albert Batlle. Considerado por Jané como «claramente apto»,  el hoy imputado por un delito de sedición tomó posesión el 18 de abril de 2017 en un acto presidido por el presidente Puigdemont, en la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, con la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, varios miembros del Govern, entre ellos el conseller de Interior, Jordi Jané, y la plana mayor del cuerpo.

El jefe de los Mossos llegaba al puesto de Mayor que había estado vacante desde 2007, cuando el primer y único Mayor que ha tenido el cuerpo, Joan Unió, abandonó el puesto. En esos 10 años, el máximo poder en la cúpula policial lo tuvieron Josep Milán, comisario de los Mossos en Gerona, y el propio Trapero, nombrado Comisario Jefe en 2013 por el entonces conseller con Artur Mas y actual diputado del PSC, Ramón Espadaler.

Trapero fue cesado dos meses antes del referéndum ilegal del 1-O en la purga de ‘no soberanistas’ que acometió en su Ejecutivo el prófugo Carles Puigdemont. Fue sustituido por el golpista Joaquim Forn, quien no dejó tirado a Jané, antes al contrario: lo recolocó en el mismo departamento, como coordinador de relaciones institucionales con las policías locales. En cuanto al exmayor Trapero, y a la espera de su futuro penal, ha sido relegado a un puesto de administrativo aunque sigue cobrando 84.000 euros anuales.