La juez imputa a la asesora que «presionó» a una funcionaria de la URJC por el trabajo de Cifuentes

La magistrada titular de Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada, el próximo 25 de junio, a María Teresa Feito, por un presunto delito de falsificación de documento público en el marco de la investigación del denominado ‘caso máster’ de Cristina Cifuentes.

La juez toma la decisión de imputar a la que fuera asesora de la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras haber tenido conocimiento de las presuntas presiones a que al parecer sometió a una docente sobre el TFM (Trabajo Fin de Máster) de Cifuentes.

Ese mismo día, 25 de junio, está prevista la declaración, también el calidad de investigados, de Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes, señalada en un principio para el próximo 6 de junio, y de Alicia López de los Mozos, la profesora cuya firma aparecía en el acta de evaluación del TFM de la expresidenta regional.

En el marco de la misma investigación, la jueza ha abierto una pieza separada para esclarecer la supuesta comisión de un delito de continuado de prevaricación o falsificación de documento público cometido por Enrique Álvarez Conde, y ha solicitado a la Universidad Rey Juan Carlos información sobre el máster que cursó Pablo Casado en esa misma universidad en el curso 2008-2009.

El pasado viernes, la misma juez imputaba a la propia Cristina Cifuentes y era citada a declarar en calidad de investigada el 26 de junio por falsedad en documento público y cohecho en relación con su máster. Los citados delitos conllevan penas de cárcel de hasta seis años en los supuestos más graves.

La magistrada también ampliaba la causa por presunta falsedad en documento público sobre al acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes imputando a la funcionaria de la URJC, Amalia Calonge, que cambió las calificaciones de la expresidenta madrileña de “no presentado” a “notable” y a la profesora, Cecilia Rosado.

La juez tomaba esta decisión tras recibir de la Fiscalía de Móstoles sus diligencias de investigación. Esta causa se inició como consecuencia de la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca.

Calonge fue la funcionaria que accedió al sistema informático de la URJC y cambió la calificación de una asignatura de Cifuentes y de su Trabajo Fin de Máster, TFM. En ambos casos, las calificaciones pasaron de “no presentada” a “notable”. Calonge habría incumplido así el protocolo oficial para modificar una nota, que obliga a completar una serie de trámites que no se realizaron. Por su parte, la otra imputada Cecilia Rosado, es la profesora contratada y secretaria del tribunal que teóricamente evaluó a Cristina Cifuentes en su Trabajo de Fin de Máster.