El juez envía a prisión a los siete CDR detenidos por delitos de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de los miembros de los Comité de Defensa de la República (CDR) en línea con la petición de la Fiscalía. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

De las diligencias practicadas hasta el momento, el magistrado considera que existen indicios de que los siete arrestados forman parte de ERT (Equipo de Respuesta Táctica), una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.

El magistrado entiende que en este caso concurren los requisitos para acordar la prisión como son: la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia y la posible reiteración delictiva.

García-Castellón mantiene la causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada en esta operación judicial. En los autos de prisión, el magistrado individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización.

Interrogatorio

Los acusados han pasado a disposición judicial este jueves a primera hora de la mañana tras permanecer tres días en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). De los nueve detenidos sólo siete han acudido a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Los otros dos, dos mujeres, fueron puestos en libertad tras ser interrogados en la Ciudad Condal por los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil antes se ser trasladados a la capital. Estas dos personas acudirán a declarar más adelante.

Los siete detenidos restantes han acudido a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil a las 7:00 am y han declarado durante casi cuatro horas. Cinco de estos imputados por terrorismo están asesorados jurídicamente por abogados vinculados a la organización independentista ‘Alerta Solidària’ que les han aconsejado acogerse a su derecho a no declarar al entender que la causa está secreta y no conocen exactamente los indicios de los investigadores.

Los otros dos detenidos se han separado de la línea de defensa seguida por estos cinco y han solicitado la asistencia de un abogado de oficio que les ha aconsejado responder a las preguntas formuladas en el interrogatorio.

Pruebas de explosivos

Los otros dos detenidos han cambiado la línea de defensa y han solicitado abogado de oficio, quienes les aconsejaron contestar a las preguntas realizadas por los agentes de la Guardia Civil. Tras varias horas de interrogatorio confirmaron su participación en la adquisición de diversas sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos –tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados– y haber hecho pruebas para la fabricación de artefactos.

La Guardia Civil les seguía desde hace un año. Monitorizaba todos sus movimientos y conocían su intención de llevar su lucha por la independencia a otro nivel. Pero la investigación sobre los nueve miembros de los CDR detenidos dio un vuelco cuando los agentes detectaron que habían realizado (como adelantó OKDIARIO en exclusiva) algunas pruebas con explosivos en canteras abandonadas y apartadas de Cataluña.

Los independentistas catalanes tenían todo preparado para actuar. Ante el inminente riesgo de atentado terrorista y la certeza de que las acciones se iban a perpetrar aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y el anuncio de la sentencia del ‘procés’, los agentes decidieron actuar con urgencia.